Hace más de dos meses, nuestro país padece del congelamiento de uno de sus derechos más fundamentales, el de la justicia, que tiene a muchísima gente imposibilitada para resolver sus problemas, a miles de presos que ya han cumplido su condena cumpliendo un tiempo suplementario de sanción y a la gente sufriendo porque ahora, más que nunca, ven bloqueada, la posibilidad de que se les remedien muchas injusticias. Todo, porque los empleados los empleados de la rama Judicial están en paro para presionar al Gobierno a concederles una serie de beneficios, principalmente salariales.
El colmo del cinismo es el anuncio de levantar el paro para que no se les cruce con las vacaciones judiciales de fin de año, y su reanudación una vez estas se cumplan.
A pesar de las quejas y las exigencias de un sector de los empleados judiciales, Colombia es uno de los países que más gasta en funcionamiento de la justicia, y gran parte de ese gasto se hace en salarios, primas, bonificaciones y demás prerrogativas, que no parecen ser suficientes para Asonal, de manera que, igual a como sucedió en los anteriores paros judiciales, el Gobierno terminará cediendo a la caprichosa exigencia de este sindicato, que entre otras cosas no agrupa toda la rama.
El paro judicial es abiertamente ilegal, no solo porque bloquea un derecho fundamental de los colombianos, sino porque en su mantenimiento, el sector de Asonal que lo propicia ha acudido a muchas prácticas contrarias al ejercicio de las libertades consagradas en la Constitución, como impedir que los jueces y demás empleados que desean trabajar, puedan hacerlo.
Los trabajadores de la Justicia, especialmente los jueces que son elegidos directivos del sindicato, son los que más ganan en salarios, comparados con los profesionales de otras áreas. Fuera de eso, reciben jugosos viáticos, bonificaciones varias veces al año, de manera que es injusto hablar de carencia de beneficios laborales.
Algo que la comunidad no entiende de este paro es la serie de reclamos de mayores beneficios, si en términos generales, no ha existido tradicionalmente una gran eficiencia en la administración de justicia que amerite esas prerrogativas. La semana pasada se reveló una encuesta nacional de la firma Gallup, en la que más del 80% de los colombianos no creen ni confían en la justicia.
Además del perjuicio estrictamente económico, el paro judicial también origina consecuencias desastrosas para la institucionalidad, que ya tiene problemas precisamente por la lentitud tradicional en la marcha de los procesos laborales, civiles o administrativos que los ciudadanos padecen diariamente.
Específicamente, el cese de actividades ha impedido hacer decenas de miles de audiencias, procesos comunes y actos administrativos. Sin embargo, lo más grave está en la imposibilidad de tramitar acciones de tutela, tan importantes para la prestación del servicio de salud, y los asuntos penales.
El fin de año llega con malas noticias para la administración de justicia. Ojalá la situación mejore con la llegada del nuevo año.
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