Antier el presidente Santos suspendió la licitación del galeón San José “por respeto a las instancias judiciales y al estado de derecho”, según dijo un alto funcionario del Estado, mientras que el primer mandatario añadió que “ciudadanos preocupados”, de los que hay muchos en este caso, pusieron una acción de tutela que dilató el proceso.
Las críticas a este eran varias, desde los pocos proponentes para la licitación hasta la forma de pagarle a quienes harían el salvamento, que incluía entregarles parte de las riquezas contenidas en las bodegas del barco, quitándole a Colombia una parte importante de este tesoro cultural.
El proyecto incluye un museo en Cartagena que albergaría lo que pudiera ser rescatado del pecio, además de sus reliquias militares, como sus cañones, e incluyendo las monedas, las gemas y los artefactos de la vida diaria del barco. Para poder ‘aclimatar’ el maderamen del barco a la superficie se requieren unas instalaciones especiales con químicos adecuados para que la estructura no se deshaga y eventualmente pueda estar expuesta en un lugar techado y climatizado.
Fueron muchos los ciudadanos que defendieron mantener el barco y todo su contenido en manos de Colombia, incluyendo columnistas de este periódico y de otros del país, además de otros ciudadanos que seguían el caso día a día con una lupa.
Si bien se pudo evitar que la licitación siguiera adelante y fuera definida por el gobierno de Juan Manuel Santos, dejándole la decisión al de Duque, la problemática está lejos de estar resuelta, ya que España cree que triunfó su tesis, que es nada menos que el barco, por ser de bandera española, le pertenece a ese país con todo su contenido. Le tocará a Duque defender los derechos colombianos a ser los propietarios tanto del pecio, por estar en aguas nacionales de Colombia, como del tesoro, ya que este era un saqueo de la metrópolis a sus colonias.
España argumentará que en esa época estas tierras eran suyas y por lo tanto la nave y todo lo que estuviese a bordo aún es español. Le corresponderá a Duque dar esa pelea legal internacional, dadas las pretensiones de España, país con el que las relaciones son óptimas, pero a la vez tienen el inconveniente del diferendo entre Unión Fenosa y Colombia por la que la primera considera una expropiación de Electricaribe, y entabló una demanda de 1.626 millones de dólares contra este país.
También hay el riesgo que la posición exacta del pecio se descubra y se divulgue, tentando a cazatesoros a intentar saquearlo, por lo que la Armada de Colombia incrementó su vigilancia en el área general del pecio, además de que el presidente Santos le pidiera a la Procuraduría General de la Nación ejercer una vigilancia especial para evitar la filtración de información, y para que el manejo de aquí en adelante “sea acorde con la seguridad y soberanía nacional”.
Al menos en este último punto estamos de acuerdo con Santos, y además ratificamos que el galeón San José y toda su carga, tienen que ser colombianos.
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