El atraso de Colombia en infraestructura es notable, pero en ninguna parte es peor que en la Costa Caribe.
Mientras el Gobierno nacional y la Gobernación de Antioquia se aprestan a invertir más de 13 billones de pesos en las autopistas de ese departamento, llamadas ahora “De la Prosperidad”, las vías necesarias a este litoral dan vergüenza y nuestras transversales más importantes e imprescindibles aún no existen.
Antioquia tiene el fuelle suficiente para que el presidente Santos tiemble ante ella y su liderazgo es bastante sobresaliente, no porque no tengan rencillas internas, sino porque están unidos cuando se trata del progreso de su ciudad capital y de toda su región. Ante esto, todo lo demás es secundario.
El país está lleno de concesiones viales privadas como medio para acelerar la construcción de infraestructura ante la ineficiencia del Estado. No es sino comparar la carretera de La Cordialidad con la concesionada Vía del Mar para establecer claramente la diferencia entre los dos tipos de administraciones.
Ambas cobran peajes, pero la Vía del Mar está impecable, mientras La Cordialidad es muy inferior, entre otras cosas porque tiene el tráfico pesado y requiere más diligencia para atenderla. Además de sus curvas más estrechas tiene unos resaltos sin mantenimiento que no se distinguen de lejos, poniendo en peligro a conductores y habitantes de los pueblos aledaños.
En Turbaco, Turbana y Arjona hay una polémica por el nuevo peaje de la doble calzada a la altura de Puente Honda, próximo a entrar en operación, ya que los habitantes de estas poblaciones desearían no pagarlo, o al menos, que su tarifa fuera diferencial para favorecer a los ciudadanos que tienen que atravesarlo sin usar la mayor parte de la doble calzada.
En los Estados Unidos y otros países el Gobierno ofrece vías alternas sin peajes, aunque con mucho tráfico, pero le deja al conductor la elección de usar una u otra, incluyendo vías rápidas urbanas, que a diferencia del Corredor de Carga de Cartagena, no tienen vehículos de tracción animal, parqueaderos aledaños con pisos de barro ni mototaxis saltándose la división central.
En dichos países desarrollados, incluyendo a Chile, las fotomultas son ya antiguas y automatizadas y la población las acepta como una medida de seguridad igualitaria e indispensable, mientras en Cartagena hay bárbaros quienes creen que deben ser eximidos para poder seguir cometiendo infracciones.
El Gobierno colombiano debería construir vías alternas sin peajes y debería también incrementar muchísimo el uso de las cámaras para las fotomultas, pero la adjudicación de las concesiones para ambas deberían ser cristalinas para evitar las suspicacias, con frecuencia fundadas, de que se las “ganan” los clanes políticos y sus adláteres.
Ojalá que los cartageneros de todos los sectores aprendamos pronto a trabajar por el procomún. Aunque parezca paradójico, haciéndolo se logra el mayor beneficio individual.
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