Las acusaciones del gobierno contra Venezuela y Ecuador son demasiado graves para resolverlas con filtración de noticias a los medios de comunicación o con declaraciones nacionalistas que empeoran las deterioradas relaciones políticas y comerciales, con consecuencias económicas negativas. Que armas suecas vendidas al Ejército de Venezuela acaben en manos de las Farc, o que haya indicios de que esta guerrilla aportó dinero a la campaña electoral de Ecuador, son hechos frente a los cuales Colombia debe pedir explicaciones, de protestar si se comprueba la complicidad de los gobiernos y de exigir las medidas para que no se repita ese tráfico de armas. El problema es el cómo y el cuándo de esas reclamaciones legítimas. La diplomacia se inventó para tramitar estos conflictos entre países civilizadamente, evitando daños colaterales y agudizar las tensiones. Embajadores, países mediadores o el contacto directo entre gobernantes, son instrumentos probados por la historia. En Colombia, en agosto de 2000, el gravísimo caso de los 10.000 fusiles vendidos por Jordania al Perú, que acabaron en manos de las Farc con la intermediación de Montesinos, no pasó a mayores gracias a las conversaciones directas entre los presidentes de los dos países. Pero el gobierno de Uribe adoptó una estrategia diferente y peligrosa. En vez de los canales diplomáticos, reclama por los medios de comunicación. Según los periódicos, nuestra embajadora en Venezuela ni siquiera fue informada de las armas suecas, ni se le instruyó para que presentara la queja justificada de Colombia. En Ecuador no tenemos embajador, pero tampoco se pensó en un mediador efectivo como Brasil. En ambos casos se informó a los gobiernos vecinos a través de noticias filtradas a los medios, provocando respuestas desaforadas de dos presidentes agresivos, y que tampoco se hicieron por medios diplomáticos sino en los micrófonos. La estrategia de Uribe, así como las respuestas de Chávez y Correa, tienen un denominador común. El objetivo de los tres no es mejorar las relaciones entre vecinos ni resolver los conflictos, sino utilizarlos para desviar la atención de los problemas políticos internos. El caso de las armas suecas no se denunció hace un año cuando se supo de ellas, ni el video del mono Jojoy se hizo público hace tres meses cuando se encontró. Esperaron el momento oportuno para el escándalo y los mejores réditos políticos internos y externos. El momento llegó cuando el gobierno de Uribe fue cogido con los calzones abajo, aceptando la permanencia de militares y equipo militar norteamericano en territorio nacional, violando la Constitución por no consultar al Congreso ni al Consejo de Estado. Para tapar el error y acallar las críticas latinoamericanas, justificaron las “bases” gringas filtrando noticias trasnochadas que muestran a Venezuela y Ecuador como cómplices del terrorismo. El problema de esta diplomacia de micrófonos, de lado y lado de la frontera, son las retaliaciones económicas. En la reducción del intercambio comercial con los vecinos, los empresarios colombianos son los más perjudicados, pues a Venezuela y Ecuador les vendemos 7.500 millones de dólares y sólo les compramos 2.000 millones. Para evitar la caída de nuestras exportaciones, y el aumento del desempleo, el Gobierno no debe dejar sus reclamaciones justas, pero debe hacerlas por las vías diplomáticas y no en los periódicos. macabrera99@hotmail.com
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