¿Democracia plebiscitaria?

En Colombia cada vez con más frecuencia se apela a la voluntad del pueblo para impulsar iniciativas y justificar decisiones. Frases o expresiones tales como “ese es el querer del pueblo” o “hacia allá apuntan las mayorías” se utilizan en forma recurrente para respaldar actuaciones gubernamentales o decisiones de Estado. No es exagerado decir que de continuar la tendencia, en unos años nuestro sistema de gobierno estará más cerca de una democracia plebiscitaria que de una democracia representativa de corte liberal. Parece confirmarlo el que hoy en Colombia se impulsen a la vez múltiples referendos con objetivos disímiles: abrir paso a una segunda reelección del presidente Uribe; lograr la pena de muerte para los violadores de niños; erigir el acceso al agua en derecho fundamental; y aumentar las transferencias nacionales que le corresponden a las entidades territoriales, se cuentan entre los propósitos que se quieren alcanzar por esa vía. Los promotores fundamentan la legitimidad de sus iniciativas en que es el pueblo el llamado a decidir, y que finalmente se hará lo que las mayorías determinen en las urnas. Sin embargo, las democracias modernas no se rigen con apego ciego a la voluntad del pueblo, ni a sus designios. En ellas adquieren mayor importancia el respeto irrestricto a las reglas de juego para acceder al poder, así como la observancia de los procedimientos constitucionales para lograr los fines del Estado. Esto garantiza a los vencidos en la contienda democrática que sus derechos les serán respetados, y deja incólume la posibilidad de que en el futuro puedan convertirse en triunfadores. Mientras que las reglas y los procedimientos suelen ser racionales, el querer de las mayorías es cambiante, voluble e inestable. Entender la democracia exclusivamente como el gobierno de las mayorías, es considerado hoy en teoría política como un anacronismo. El auge de iniciativas de tipo plebiscitario, y el argumento reiterado de algunos políticos de que en sus iniciativas los acompañan las mayorías nacionales, no son indicio de una mayor participación de los colombianos en los asuntos públicos. Además, la cantidad de requisitos que debe cumplir una iniciativa de esta naturaleza (número de firmas, aprobación de una ley, etc.) y los costos altos que representa para el presupuesto nacional, hacen que pocas veces se materialice la consulta. Los llamados constantes a que el pueblo decida son más bien la expresión de la crisis profunda de nuestra democracia representativa. La debilidad institucional del Congreso hace que no pueda decidir con legitimidad si debe abrirse la puerta para una segunda reelección, o si la pena de muerte es acorde con la política criminal del Estado, o si lo que se necesita es un modelo descentralizado con transferencias altas para las entidades territoriales. A falta de respuestas institucionales a las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos, se está optando porque éstos mismos decidan. El problema está en que las mayorías muchas veces, mediante decisiones plebiscitarias, adoptan decisiones autoritarias y antidemocráticas que desconocen las normas y procedimientos que les permitieron pronunciarse. He ahí el riesgo de darle poder absoluto al pueblo en desmedro de las instituciones. *Abogado y periodista tiradojorge@hotmail.com