Uber es un caso típico de por qué la mano invisible no organiza los mercados y es indispensable la intervención del Estado, pero también muestra los efectos negativos de una intervención equivocada, o parcializada, a favor de intereses particulares.
La “mano invisible” es una ficción que inventó el padre de la ciencia económica, Adam Smith, para explicar el sistema económico: cada persona busca su propio beneficio, pero una mano invisible guía las acciones personales hacia fines que no eran parte de su intención original y logra que la suma de las motivaciones puramente individuales consiga el bien común.
En el transporte individual de pasajeros, como hay quienes necesitan el servicio y están dispuestos a pagarlo, y otras que tienen vehículos y tiempo para ofrecerlo a cambio de un pago, si se deja funcionar el mercado y la libre competencia, la mano invisible debería llevar a que las necesidades de unos coincidan con los intereses monetarios de los otros y todos queden satisfechos.
Pero habría caos si cualquier conductor pudiera poner una banderita en su carro y recoger pasajeros. ¿Cómo evitar una sobreoferta de vehículos que empeore (si es posible) la movilidad? ¿Quién garantiza la calidad del servicio y la seguridad del pasajero? ¿Cómo saber si las tarifas son adecuadas, o si el conductor abusa?
Para evitar el caos y garantizar que el funcione el sistema se requiere una mano visible que imponga requisitos para prestar el servicio, que regule la cantidad de vehículos y que controle los abusos contra el consumidor. Para no hablar de la mano visible y armada de la policía, que debería impedir los paseos millonarios.
A pesar de las normas, la realidad es distinta a la teoría. Para los urgidos de un taxi en un aguacero en Bogotá no hay nada que se parezca a la libre competencia. El taxista es el único proveedor del servicio (tiene el monopolio) y puede abusar de su poder decidiendo a quién lleva y subiendo sus precios.
Uber es una plataforma tecnológica que beneficia al peatón al romper el monopolio y aumentar la oferta de transporte público. ¿Se puede concluir que debería operar? Sí, pero con reglas y exigencias semejantes a las de los taxis para que no sean una competencia desleal y privilegiada, con menores costos y exigencias.
El problema está en la poca intervención del Estado por tener una mala regulación y vigilancia a los taxis, desde la injustificada rebaja tributaria en su precio, hasta las mafias en el mercado de los cupos para taxis, o el mal control a la calidad del servicio.
Pero ninguna de esas falencias justifica que Uber opere sin requisitos, aunque no deben exagerar tanto que en la práctica le impidan funcionar, dando una protección injustificada a los taxis, como parece ser el decreto expedido por el Ministerio de Transporte.
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