El desarrollo vial de nuestro país es una necesidad de inaplazable ejecución, compromiso del Estado colombiano, presupuesto de desarrollo, base de la competividad, agregado de la movibilidad, obras que se realizan bajo el esquema de las concesiones y las alianzas público privadas.
“Las concesiones viales, mediante la cual el Estado transfiere al sector privado las principales responsabilidades derivadas de la construcción, operación y mantenimiento de proyectos de infraestructura, con lo cual se liberan recursos públicos para el cumplimiento de otros fines esenciales,” afirman con interés de parte, los operadores de las obras, porque ellos son parte de estos jugosos negocios.
Las justas reclamaciones de los pobladores de Turbaco, ha quedado en lo mínimo: pedir una tarifa diferencial, cuando lo justo sería que no le cobraran peajes, porque esa vía es de todos los turbaqueros, de todos los bolivarenses y colombianos, como parte esencial de la nación, de allí la legimidad de sus peticiones.
La Autopista del Sol producirá muchísimos soles para los dueños del negocio, si estuviéramos en Perú; en Colombia, muchos pesos, y muchos soles por pagar para los usuarios de la vía, porque ésta, bajo el esquema legal de la concesión, ha sido parcialmente privatizada, so pretexto de una necesidad, el desarrollo vial, que requiere la mano generosa y salvadora de los concesionarios, que ayuda a “liberar recursos públicos para fines esenciales”, para que estos recursos públicos, agregamos nosotros, entren en masa a las arcas de la concentración monopólica del ingreso.
Los turbaqueros no desean ese peaje, no fueron consultados, su rechazo ha sido generalizado, pero estos fueron abandonados a su suerte por la Gobernación de Bolívar, y los alcaldes que conocieron el proyecto, hoy ni siquiera tienen defensores ni interlocutores estatales, excepto la policía nacional, la fuerza pública, porque el balón está en el campo del concesionario, ellos tienen el poder, son los poderosos grupos económicos que tienen todo el derecho a recuperar sus inversiones, pero no a acumular gigantescos recursos públicos.
La reclamación ciudadana quedó en el mínimo, tarifa diferencial, del ahogado hay que rescatar el sombrero, dice un refrán popular, ojalá lo logren porque en estas y otras reclamaciones han quedado sin aplicación alguna los principios normativos constitucionales que ordenan respetar la soberanía popular, soberanía, solo de papel.Las normas constitucionales prevalecen sobre las legales, principio elemental del derecho, entonces, ¿dónde quedó la naturaleza inalienable e imprescriptible de los bienes de uso público?, las calles y las avenidas lo son, normas sepultadas por la fuerza de las leyes que mezclan perversamente el bien común con los intereses privados.
La protesta civilizada, pacífica, que en ejercicio de su poder soberano ejerce el pueblo de Turbaco y municipios vecinos, debe ser respaldadas por la comunidad bolivarense, por las propias autoridades, por el gobernador, Juan Carlos Gossain, por los alcaldes municipales, por cuanto nuestro ordenamiento constitucional tiene fórmulas de solución para concertar el no cobro del peaje, que van de la mano de las normas que hemos citados. ¡Me resisto a creer, que sigamos en la patria de los Bobos!
profesoralcidesarrieta@hotmail.com
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