Cumpliendo una diligencia de inspección ocular, el pasado 26 de enero se presentaron en La Boquilla la Juez Quinta del Circuito, en compañía de la procuradora Ambiental y delegados de la Capitanía del Puerto, Cardique, Alcaldía y EPA. La causa: una acción popular que puse hace 14 años contra Tigelino Mosquera, mascarón de proa de una descomunal y protegida invasión, costoso relleno de 7 “lotes” de 70 x 40 metros, a orillas del Caño Luisa, en Marlinda.
La autoridad se identificó ante nativos, quienes, como barrera humana, condicionaron la diligencia judicial a la presencia del presidente del Consejo Comunitario; éste, altivo, dijo a los diez funcionarios que su obligación era velar por los derechos de los habitantes. Claro, pero también debió ser la de apoyar la inspección y no ofreció unas canoas para que llegaran al lugar, frustrándose así la diligencia.
Recuerdo que Soledad Caballero, eterna representante legal de ese Consejo, en aquel tiempo, cual si fuera Estado, “legalizó” allí en ese manglar talado el cambio del uso del suelo, un delito grave tratándose de una zona protegida. Complicidades, perdón, "solidaridades".
La denuncia penal que formulé contra el “mascarón” Mosquera pasó por cinco fiscales y el último cambió la calificación de urbanización ilegal por usurpación de aguas, y en 2005 precluyó la acción. La Alcaldía expidió la resolución de restitución 1193/02 y nunca se ejecutó. El delito persiste.
Por aquello de que la justicia cojea pero llega, la acción popular del 2004 está en manos de una juez que no dejó morir la voluntad de soberanía y recuperación.
Ese Consejo de Marlinda, como otros consejos comunitarios, olvidan que la ley 70/93 da derecho a las comunidades pero impone obligaciones y límites, sobre todo en cuanto a la protección ambiental y la titularidad de los bienes de uso público, las zonas de bajamar que nunca salen del dominio del Estado (art 6).
Ahora resulta que los dirigentes de Marlinda, entrados en rebeldía, han afirmado que no cumplirán con la sentencia que por riesgo ordenó la reubicación y el derecho del Estado a reconstruir el abusado ecosistema, presentaron ante el Consejo de Estado una tutela contra la sentencia.
En más de 100 folios afirman que les violaron 16 derechos –no alegados en el proceso- y la demanda la hace un exjuez en representación de Soledad Caballero y a nombre de 195 afrodescendientes propietarios y poseedores, 6 de Villagloria más 16 propietarios y poseedores no afrodescendientes, entre ellos 3 extranjeros. Tienen derecho pero, ¿de dónde salen los propietarios si es una zona de bajamar imprescriptible e intransferible?
El art.15 de la ley 70 no admite derechos de titulación o mejoras a extranjeros ni a quienes no sean del grupo étnico porque su posesión es de mala fe. Estratificados, ellos encabezan la tutela que de las 509 familias censadas, solo firman 195. Tome nota señor fiscal.
*Abogado ambientalista y comunicador.
rvergaran@yahoo.com
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