La comunidad de Tierrabomba vuelve a denunciar que las tierras del Distrito de Cartagena en la isla se las están robando, que las ocupaciones ilegales de particulares están siendo objeto de amparo por inspectores de Policía, y que terceros las ofrecen en venta.
Se refieren a las 379.5 hectáreas que tienen un título de propiedad indiscutible a favor del Distrito, declarado hace dos años por el Incoder (Resolución 4102 del 5 de agosto de 2015).
¿Quienes está detrás de esas apropiaciones ilegales?
Tierrabomba es una joya patrimonial con potencial turístico incrustada entre la bahía y el mar Caribe, a 10 minutos de Cartagena. También es la isla donde subsisten en condiciones de pobreza extrema, sin servicio de agua ni alcantarillado, casi 12 mil personas afrodescendientes en cuatro centros poblados: Caño del Oro, Bocachica, Punta Arena y Tierrabomba, quienes manifiestan ejercer posesión desde la Colonia, cuando fue enclave estratégico para la defensa de la ciudad amurallada.
Durante más de 40 años se dijo que el impedimento para defender la isla de los invasores, era la falta de claridad sobre la propiedad de la tierra.
Se sabía que la Armada tenía una parte, que el Distrito era dueño de otra, que algunos privados reclamaban títulos sobre ellas. ¿Pero cuántas y cuáles? Para saberlo se desarrolló un proceso de clarificación predial que arrojó que del total de 1.920 hectáreas, 379 eran de la Alcaldía, 261 de la Armada y 176 de la Nación.
Este avance se logró gracias a la insistencia del Consejo Comunitario de Tierrabomba, que desde hace más de 4 años solicitó la titulación colectiva de las tierras que hoy están en cabeza del Distrito, como herramienta para lograr su permanencia en el territorio. Es decir, que las casas del pueblo, más sus zonas aledañas, estén legalizadas para la comunidad en su conjunto, pues las condiciones de vulnerabilidad en que vive la gente son el gatillo recurrente para la venta al primer postor.
Sin embargo, la esperada titulación al Consejo Comunitario parece complicarse por cuenta de la Secretaría del Interior Distrital, que después de prometer el traspaso del bien a la comunidad, paso previo para que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) expida el título colectivo, hoy lo pone en entredicho. Justamente la Secretaría que debería estar poniendo control a la ocupación ilegal denunciada.
Es urgente que el alcalde revise el tema y que el Distrito defina esta situación, tal como lo han solicitado la Procuraduría Ambiental y Agraria de Cartagena y la ANT, pues de sus acciones y omisiones depende que las comunidades no sean despojadas de los territorios que vienen habitando, y que no se continúen profundizando la desigualdad y marginación en viven.
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