Cuando las empresas transnacionales, multinacionales y las multilatinas imponen sus cínicas prácticas empresariales en contra de los trabajadores y pensionados, afros e indígenas, violan flagrantemente sus derechos humanos y los principios de respeto a la dignidad humana y a la prevalencia del interés general.
Nuestro país, con una economía manejada por poderosas empresas extranjeras, es reiterativo en violar los DDHH de sus empleados y jubilados, de las comunidades, sus obligaciones con la RSE, Convenios OIT, Convenciones Colectivas, sustitución patronal, derechos adquiridos.
Ignoran la CP, Sent. CSJ, Corte Constitucional, el bloque de constitucionalidad, violan el Dec. 2025 de 2011, el Art- 26 de la Ley 1453 de 2011, el Acuerdo Obama–Santos del 7 abril del 2011, el Acuerdo Andi-Cpc-Cgt-Mintrabajo, Procuraduría, del 26 de mayo de 2011.
Violan e imponen acuerdos y políticas laborales anticonstitucionales y e ilegales, hay tercerización rampante, no permiten afiliación sindical, la negociación colectiva, y para complemento pagan las regalías y los impuestos que les da la gana. Tienen políticas sistemáticas para acabar fraudulentamente con sus mejores reivindicaciones convencionales y someten a sus jubilados a las más degradantes violaciones en obligaciones pensionales.
Aunque los diferentes gobiernos, congresistas, organismos de control, ministerio público y Mintrabajo entienden la gravedad de la situación, no han establecido normas, controles, estrategias y planes como Estado para frenar los atropellos que ya son “sus normas” generales.
Es inaplazable que el alto gobierno, alcaldes, gobernadores, ministerios, superintendencias y representantes de usuarios y ONG adquieran compromisos interinstitucionales para acabar con este nuevo fenómeno que le hace un flaco favor a los diálogos de paz en La Habana.
No oponerse ni obstruir a que las violaciones sean llevadas a la CIDH, CPI y ante jueces, tribunales y cortes internacionales.
Hay que crear una comisión de alto nivel de la Procuraduría, Defensoría, Contraloría, Personería, CSJ, Mintrabajo, Minjusticia, ONU, OEA, OIT, y Amnistía Internacional con la CUT, CSA, CSI, ISP, FSM, CPC y CDP, para que se investiguen las denuncias documentadas de comunidades, sindicatos y organizaciones de pensionados.
Se deben adecuar en la nueva reforma a la Justicia los mecanismos para establecer la verdad de lo que sucede con las violaciones de parte de agentes privados internacionales, para buscar la justicia y sanción de los responsables y asegurar la reparación de víctimas de transnacionales, multinacionales y multilatinas.
*CUT BOLÍVAR
cutbolivar@gmail.com
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