Cualquier reforma a la Justicia debería tener siete ejes: mejorar el acceso, acelerar la resolución de los casos, descongestionar, generar seguridad jurídica, mejorar la calidad de los abogados, frenar la corrupción rampante en el sistema, poner fin a su politización, y conseguir un mejor gobierno de la rama. Por razones de espacio, haré solo algunos comentarios al proyecto del Gobierno.
Las propuestas que tienen que ver con un nuevo diseño de la rama están destinadas a fracasar porque la Constitucional las declarará contrarias a los pilares fundamentales de la Constitución del 91, como ya lo dijera en su sentencia 285/16 sobre la reforma llamada de “equilibrio de poderes”. Para esos cambios se necesitaría una asamblea constituyente. Como supongo que el Gobierno lo sabe, pregunto si es hacia allá que se estará moviendo.
Por cierto, el proyecto renuncia a la propuesta de campaña de una corte única. Dicen que lo hizo porque las altas cortes se opusieron (como era obvio) y porque la idea no parecía tener apoyo en el Congreso. Solo diré que en la mayoría de países hay solo una corte, que no conozco ningún país del mundo con cinco altos tribunales como Colombia y que semejante burocracia supone un costo desmedido. Por cierto, la necesidad de que lo constitucional sea decidido con autonomía, objeción frecuente a la idea de una corte única, se podría resolver con el modelo de la sala cuarta constitucional de Costa Rica, sala que hace parte de la Corte Suprema pero que falla de manera independiente y sin intervención alguna de los magistrados de las otras salas.
Complicada también será la tarea de conseguir acuerdo en torno de la modificación de la tutela, sin duda lo mejor de la Constitución del 91. Presumo que en este punto la propuesta gubernamental busca dos objetivos: seguridad jurídica y descongestionar.
Es verdad que hay una inundación de tutelas en juzgados, tribunales y cortes. Y la avalancha crece año tras año, y está ahondando aún más la congestión y la morosidad de la rama. Pero el calor no está en las sábanas: el creciente número de tutelas se debe a que esa acción es la única que de manera sencilla, gratuita y sumaria resuelve problemas concretos de los ciudadanos. Así de simple.
Si se quiere evitar la congestión se requiere que los demás mecanismos del sistema judicial sean mucho más eficientes y rápidos. Y que el Gobierno diseñe procedimientos y tome algunas medidas definitivas de pensiones y salud, los dos temas centrales del grueso de tutelas, para que los ciudadanos no se vean obligados a entutelar para hacer valer sus derechos.
En fin, la reforma es urgente. El proyecto es una base de discusión, pero no hay duda de que debe ser enriquecido en el Congreso.
*Abogado y analista político
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