Columna


Racumín a las ratas

GIL ALBERTO FALCÓN PRASCA

22 de septiembre de 2017 12:00 AM

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, simbolizó con el “Racumín a las ratas” el tratamiento a funcionarios corruptos, ya que son más de 800 los investigados por incumplir los compromisos que juraron proteger ante la Justicia.

Que solo en los últimos años jueces y fiscales, y magistrados de las altas cortes hayan terminado involucrados en delicados casos de corrupción, sin duda es una pésima señal para un país que diariamente reclama justicia.

Cuando un juez es comprado, este dicta su fallo u otorga su beneficio con argumentos jurídicos absurdos, que tienen una apariencia de legalidad.

La existencia de esta mafia explica tantas injusticias en nuestro país, porque se ha convertido en costumbre que circulan miles de millones de pesos que reciben a cambio de pervertir la Justicia para el lado de quien tiene el dinero para pagar.

Dependiendo del delito, del monto y si es un recurso en subsidio de apelación, así se cobra, según fuentes de la CSJ a Colprensa, y que supuestamente las tarifas rondan entre 1500 y 3000 millones de pesos por motivar decisiones.

Es tan común ver a exmagistrados y expresidentes de las altas cortes, exfiscales y exprocuradores, como abogados, asesores externos de poderosas multinacionales, cuestionadas por pervertir la Justicia.

Ellos imponen políticas en contra de los derechos humanos de comunidades, trabajadores y pensionados, medio ambiente y recursos naturales, comprando conciencias al precio que sea. 

Es el caso de la empresa Gas Natural Fenosa, South32 – Cerromatoso y Cerrajón, entre otras. En las redes sociales circulan unas denuncias de Sintracerromatoso porque las empresa South32 – Cerromatoso, gastó más de 9 millones de dólares en honorarios de asesoría jurídica.

Y el juez promiscuo del circuito de Montelíbano, Alfonso Castillo Cárcamo, su secretario Moisés Arteaga Espinosa, hoy es nuevo funcionario del departamento jurídico de South32 – Cerromatoso.

Coincidencialmente una tutela que decidió en segunda instancia Alfonso Castillo Cárcamo, en primera instancia había tutelado 4 derechos fundamentales, pero de un plumazo se revocó integralmente este amparo a favor de South32 – Cerromatoso. 

Gracias a la influencia del expresidente de la CSJ, José Roberto Herrera Vergara, extrañamente se declaró ilegal la huelga de Sintracerromatoso del 14 de abril al 1 de mayo 2015, en el Tribunal Superior de Montería y confirmado por la CSJ.

Las centrales obreras se unen a el clamor de “No se quede callado, denuncie”, con fundamento en el Art- 20 y 92, CP 1991, para erradicar “El cartel de la toga”, la mafia de la justicia, y seguir fumigando con Racumín a las ratas al interior de la Justicia.


cutbolivar@gmail.com

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