El próximo 24 de noviembre se cumple un año de la firma del Acuerdo Final de Paz con las entonces Farc-Ep. Durante estos meses hemos sido testigos de la lentitud del Gobierno y del Congreso para avanzar en la reglamentación que permita su total puesta en marcha. Por otra parte, el cumplimiento de temas clave que ya tienen normatividad aplicable avanzan con retraso en Montes de María.
En los ejercicios que Dejusticia ha realizado en la región durante todo el año, comunidades y organizaciones han priorizado tres puntos del Acuerdo: Reforma Rural Integral (RRI), participación política en Circunscripciones Especiales de Paz, y el Sistema de justicia y verdad. De estos dos últimos, hablaremos en próximas columnas.
En relación con la RRI, el gobierno emitió el Decreto 893 de mayo de 2017, reglamentando los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que buscan construir colectivamente un plan de desarrollo rural a 10 años, con enfoque reparador, que fije la ruta de la inversión publica para transformar el campo en 16 regiones priorizadas en todo el país, entre ellas Montes de María. Según la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entidad encargada de coordinarlo, el documento final debe estar listo en mayo de 2018.
Sin embargo, estamos a menos de 45 días de terminar el año, y aunque la ART anunció hace tres meses el inicio de la etapa de alistamiento del PDET, apenas esta semana se harán las primeras preasambleas por grupos de veredas, las cuales al parecer se inician en solo 4 de los 15 municipios montemarianos: Zambrano, Córdoba Tetón, Chalán y Colosó.
La demora en el inicio de construcción del PDET en Montes de María parece apuntar a que el Fondo Colombia en Paz (creado en abril para ejecutar el presupuesto del posconflicto) no ha entregado los recursos necesarios, limitando la acción de la ART.
Este retraso está causando que el tiempo para garantizar espacios de participación efectiva de las comunidades se acorte, y que el ejercicio ciudadano se cruce peligrosamente con las campañas electorales del primer semestre de 2018, que podrían enrarecer un escenario que tiene que ser transparente.
Lo que nos jugamos no es poco. La paz territorial en la que creemos se construye trasformando las condiciones de vida en las zonas azotadas por la guerra, que implica entre otros, (i) incorporar los aprendizajes agridulces que dejan 6 años de aplicación de la Ley de Víctimas en restitución de tierras y reparación colectiva, (ii) construir sobre lo construido respetando el conocimiento y el trabajo de las organizaciones sociales, pero sobre todo (iii) que el Estado cumpla sus compromisos con la población campesina para que no se continúe profundizando la desconfianza generada por el conflicto.
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