La prórroga del periodo de los actuales alcaldes y gobernadores propuesta por miembros del “Congreso admirable”, además de inconstitucional es inconveniente, es una de las tantas canalladas de picaros que disfrazados de legisladores, han convertido al país en sede de sus voraces intereses particulares.
El baloto ofrecido con número marcado, que sería el del acto legislativo, en caso de ser aprobado, implicaría entregar por dos años más, muchos billones de pesos a alcaldes y gobernadores deshonestos para que se sigan enriqueciendo y haciendo fiesta con los impuestos, tasas y contribuciones de todos los colombianos.
La extensión del periodo de los actuales alcaldes y gobernadores, es nada más y nada menos que autorizar a aquellos servidores públicos sinvergüenzas, para que ellos y las ratas de cuello blanco y de todos los colores, sigan haciendo negocios. El proyecto de reforma constitucional, aprobado apresuradamente en primer debate, es una especie de alianza público privada para seguir haciendo trizas la moral pública.
La astuta estrategia no deja de ser osada, por cuanto, el Congreso, los partidos políticos en general, tienen un altísimo grado de desprestigio, pero a sus promotores nada les importa, siguen siendo descarados y caras duras porque el sistema político les ha funcionado, por cuanto todavía gozan de impunidad.
Es sabido, son hechos notorios que la apropiación de los recursos estatales por parte de alcaldes y gobernadores venales no es accidental, es un patrón moderno globalizado del ejercicio de la gestión pública, en un contexto en donde el “partido de los contratistas" compra el poder público, alcaldías y gobernaciones.
Estos padres de la patria les gusta la corrupción como forma de gobierno, por ello han propuesto dejar a algunos ratones cuidando el queso, para que siga el festín de los dineros públicos, los conciertos para delinquir, que tanto status y riqueza les ha hado en perjuicio de toda la sociedad.
Estos personajes, en complicidad con los representantes de las entidades territoriales, son corresponsables de muchos de los males que afectan al territorio nacional, pobreza, miseria, inseguridad, colocando nuestro territorio en los predios de las ciudades fallidas, por cuanto no se garantizan la vigencia de los derechos de la población.
El acto legislativo propuesto por fortuna, ha recibido el rechazo casi unánime de la sociedad colombiana, de los partidos de oposición y un sector de los movimientos independientes, por lo que creemos que la suerte de esa arma de destrucción institucional, no pasará.
En ese orden, el llamado es a seguir rechazando la inmoral propuesta que pretende despojar al pueblo de su soberanía y sustituir la constitución, toda vez que el Congreso no tiene competencia para extender ni un solo día, el periodo de ningún funcionario elegido popularmente.
En este contexto, es imprescindible seguir fortaleciendo la organización y la unidad de una comunidad política informada y madura para que el “cinismo no siga siendo la ética del orden global", “en donde solo predominen los intereses del individuo egoísta que se imponen a los de la humanidad y del bien común”. Dussel Enrique (Estado de guerra y razón cínica). Momento también, para ratificar nuestro respaldo a los organismos de control que hacen esfuerzos para seguir destapando las putrefactas cañerías de la corrupción.
Ahora bien, consideramos que una respuesta institucional y social al monstruoso engendro legislativo, sería estructurar una reforma constitucional que dote de más eficacia a los organismos de control y a las veedurías ciudadanas.
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