Columna


Paramilitarismo hoy

CRISTO GARCÍA TAPIA

21 de septiembre de 2017 12:00 AM

El paramilitarismo está vivo, vigente y actuante. No es “cosa del pasado”.

Es un presente tenebroso y con futuro promisorio por sus vínculos y alianzas con poderes y entronques, legítimos e ilegítimos, de la sociedad e institucionalidad colombianas.

Más aún, el paramilitarismo que hoy campea en demarcadas y bien resguardadas zonas del país, ha evolucionado en nuevas y más efectivas formas de dominación local y regional al introducir el componente ideológico y político, al armado y terrorista inherente a su “estructura de dominación basada en ejércitos privados”; en mafias con capacidad de desplazar y sustituir al Estado en sus funciones.

En facciones y grupos que cooptan el poder regional y local, la administración y rentas públicas en sus diferentes ramas y divisiones para, de esa forma protocolizar una relación con el Estado que les da el carácter de legales para operar en todos los frentes de la institucionalidad, a la vez que combinar, desde esa legalidad asociada y consentida con el Estado, las diversas formas de lucha que tal alianza les proporciona: la política y la de las armas, la violencia y el terrorismo, propias de este tipo de organizaciones.

De señores de la guerra, mayormente relacionados con grandes propietarios de tierras, agricultores y ganaderos, el paramilitarismo ha ido derivando hacia nuevos y bien potentados aliados: caballeros de industria y prominentes representantes de sectores claves de la política y la economía, a cuyo arrimo y salvaguardia ha logrado permear y tomar posiciones estratégicas tanto en el político como en el aparato productivo nacional, consolidar su pretendida y cada vez más “blanqueada” legalidad y erigirse en factor de poder incuestionable.

Lo cual es, sin dudas, revelador de cuanto tuvo y ha tenido que ver el Estado en la operatividad, instrumentalización y evolución del paramilitarismo; de su inserción en la sociedad e institucionalidad, más acá o allá de si ese tipo de poder armado, violencia, despojo y desplazamientos sistemáticos, era o no en su origen, legal y responsabilidad del Estado.

Si se trató de “una relación de subordinación o de un proyecto paramilitar de Estado o de elites nacionales”, es cuestión que la historia se encargará de esclarecer más temprano que tarde, pero cuanto queda al descubierto es que la participación de uno y otro actor sí fue coadyuvante en la formación, desarrollo y consolidación de ese macabro proyecto.

Ni caduco. Ni proyecto militar y político coyuntural “contrainsurgente”: el paramilitarismo es un mal mayor, catastrófico, en la sociedad colombiana, cuya permanencia y reproducción en sus formas política, armada y terrorista, está en el orden del día de la vida nacional.
 

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