Con mucha preocupación varios amigos abogados recibimos la noticia de la separación del cargo que, como conjuez, Enrique del Río desempeñó por corto tiempo en la Corte Suprema de Justicia sin que se le imputara falta alguna distinta de ser mencionado por el ex fiscal Gustavo Moreno, como amigo del ex magistrado cartagenero Francisco Ricaurte y por actos que supuestamente iban a suceder, pero que no ocurrieron.
Duele que una carrera encomiable como la de Enrique se vea temporalmente infamada por señalamientos que no suponen infracción alguna, distinta de haberlo presentado el doctor Gustavo Malo en un cargo, por cierto ad honorem, al que sólo llegan los abogados litigantes más destacados del país, por el prestigio logrado a lo largo de sus carreras y por las publicaciones académicas (libros e investigaciones), como es el caso de Del Río, quien ha ejercido con lujo de competencia, seriedad y compromiso, la profesión de abogado penalista, siendo distinguido con el cargo de conjuez en otras instancias judiciales, candidato a doctorado, docente en varias universidades y autor de libros y publicaciones, superando en producción académica y profesional a la mayoría de nosotros, sus colegas, en nuestro medio.
Aun cuando estoy seguro que su hoja de vida, seriedad, entrega a sus clientes y profesionalismo le permitirán superar esta injusta prueba, su caso es una advertencia de los ribetes de los procesos alrededor de miembros y ex miembros de la Rama Judicial, en los que tememos que se pueda llegar a la tendencia de denostar de abogados de nuestra región, lo cual, si se maneja con desprecio del principio de presunción de inocencia que ya no parece existir en buena parte de los medios y en las redes, podría suponer excluir funcionarios judiciales de la Costa, con la sustitución de togados de otras regiones del país. A eso no se debería llegar, y es nuestro deber deprecar que no se macartice a esta profesión ni al origen regional de quienes la ejercemos.
Todos confiamos en que las investigaciones revelarán quiénes han participado en hechos reprochables; pero esperamos que se obre con cuidado para evitar el extremo de afectar la reputación de profesionales y personas que no han cometido falta alguna, y que no deberían ser sacrificadas por la prisa de satisfacer a una opinión pública que, con razón, está indignada por la andanada de noticias que malogran la confianza en la justicia. Ojalá no se llegue al extremo de tornar como punible las relaciones honorables con personas que hoy son investigadas penalmente.
*Abogadonpareja@np-asociados.com
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