La continuidad en los planes fue la que después de tres gobiernos continuos en sus propósitos hizo de Bogotá en lo urbanístico una ciudad avanzada. Como también tres gobiernos de continuos desaciertos dieron al traste con los avances obtenidos. Y Cartagena no está exenta de eso. Uno no se puede explicar entonces que finalizando la administración de Dionisio Vélez y su secretaria de Planeación Dolly González, esta haya dejado un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) prácticamente listo, según su decir: “Cuyos aspectos ambientales quedaron concertados con Cardique por medio de la resolución 1731 de noviembre de 2015. Como también se llevó el proceso de revisión por parte del Consejo Territorial de Planeación (CTP), y solo faltaba seguir el proceso en el Concejo Distrital para poder adoptarlo”. Da fe de esto el DNP (Departamento Nacional de Planeación).
Y es creíble porque al POT, lo que había que hacerle era una revisión para formular las modificaciones que son pertinentes al crecimiento de la ciudad. Y el ejemplo es claro que no debe haber tanto misterio, como sí de seguro mala voluntad política, aquella la de “engavetar” el conocimiento para seguir contratando OPS (Órdenes de Prestación de Servicios. El distrito necesita solamente 900 empleados para funcionar y tiene 9.000, que son tan innecesarios que los funcionarios tienen que hacer “pico y placa” para poder caber en las instalaciones).
En 1997 un grupo interdisciplinario de arquitectos, ingenieros de varias disciplinas, economistas, abogados, ambientalistas, sociólogos, comunicadores sociales, nos dimos a la tarea de hacer el POT, el que hoy está vigente.
Era el primero que se realizaba (Ley de Ordenamiento es de 1997), y aunque había el conocimiento no había la experiencia, tanto así que confundíamos un Plan de Ordenamiento con un Plan de Desarrollo, que son dos cosas totalmente diferentes aunque parecidas. El ordenamiento, como su palabra lo indica, es la organización física del territorio, y que al hacerlo por supuesto se debe traducir en beneficios sociales y económicos para los ciudadanos. Eso, nos tomó desde finales de 1997 (alcaldía Nicolás Curi) a diciembre de 2000 (casi 4 años) cuando la alcaldesa (e) Gina Benedetti deja su mandato y entran Carlos Díaz y su secretaria de Planeación, Silvana Giaimo, quienes muy sabiamente viendo el trabajo que se había realizado, lo reciben y con su equipo lo revisan, y en un lapso de 11 meses lo aprueban mediante el decreto 0977 de 2001, sin pasarlo por su última instancia que es el Concejo Distrital (no es condición obligatoria), temiendo seguramente que allí se hiciera un “dique de contención” al trabajo adelantado. Uno no se explica entonces si la doctora Dolly González lo dejó en esa instancia, hoy se haya tomado más de 6 años hacerle los ajustes y correcciones.
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