Muchos comentan que la guerra es un negocio, en el que se mueve desde la industria armamentista hasta los servicios de protección. En Colombia el presupuesto del ministerio de Defensa ha sido mayor que el del ministerio de Educación, especialmente en los gobiernos del expresidente Uribe, que propiciaron la fuerza publica en las carreteras, recuperando gran parte de la gobernabilidad. Concluidos los dos periodos del uribismo, muchos de los grupos desmovilizados se transformaron en bandas criminales.
El presidente Santos viró el manejo del conflicto, promoviendo la negociación con las Farc para suscribir un acuerdo de paz, al fin realizado. Las condiciones para terminar el conflicto armado en Colombia y para construir un país en paz parecen más favorables que nunca, aunque no sobra decir que falta un gran trecho y que es un imperativo avanzar en el acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) así como reducir a su más mínima expresión a las bacrim.
La guerra de más de setenta años solo nos dejó una estela de dolor y desolación en muchos lugares del país, donde la violencia indiscriminada provocó la muerte de al menos 220.000 personas, 25.000 desaparecidas. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), cerca de siete millones de colombianos sufrieron desplazamiento forzado, llegando a convertirnos en uno de los países con mayor tasa de desplazamiento del mundo.
La firma reciente del cese al fuego bilateral definitivo entre el gobierno del presidente, doctor Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las Farc, es un hecho histórico y representa un enorme y significativo avance para terminar esta guerra y construir la paz que tanto anhelamos la mayoría de los colombianos y colombianas.
Es hora de ratificar nuestra vocación hacedora de paz y de participar en construir un país en el que prevalezcan las plenas libertades, sin poderes paralelos, para que logre su esplendor la más pura de las democracias, donde los derechos fundamentales del ciudadano sean respetados, haciendo posible la paz y la concordia, defendiendo el Estado social de derecho y respaldando el acuerdo suscrito.
Todos debemos poner a disposición nuestro capital político como un aporte para construir una paz justa y duradera, en beneficio de estas y de las futuras generaciones. No es sano para el proceso las quejas y reclamos de quienes tuvieron la oportunidad de promover alternativas diferentes, en donde la cura resultó igual o peor que la enfermedad. Hoy el imperativo es el negocio de la paz y ya pagamos con creces el precio de la violencia, por lo que debemos sentirnos satisfechos de que una organización como las Farc aceptara desmovilizarse e incursionar en la democracia.
*Concejal
protocoloconcejodecartagena@gmail.com
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