Impresiona la cantidad de tutelas y demás procesos jurídicos en que están inmersos los funcionarios que representan legalmente a las empresas promotoras de salud en Colombia, como sucede con la gerente zonal de la Nueva EPS en Bolívar, Ángela María Espitia Romero, quien acumula en su contra más de un centenar de acciones de tutela, desacatos y arrestos, todos por vulnerar derechos fundamentales a la salud y la vida de los afiliados a su entidad.
Ante los inconvenientes para trasladar a la IPS de Alcibia a una paciente discapacitada, de 61 años, con parálisis cerebral desde su niñez, lo que le impide moverse y el alto grado de estrés que sufre al asistir a lugares concurridos, se solicitó por escrito que se autorizara visita médica domiciliaria y contestaron, según el radicado # 778189, del 23 de mayo de 2018, que para acceder a esos servicios debían radicar orden médica, historia clínica, escala de Karnofski y escala de Berthel. Esta respuesta demuestra la ausencia de un análisis a las peticiones efectuadas y al exceso de requisitos innecesarios que obligan a los ciudadanos a acudir a las instancias judiciales para proteger sus derechos. Se intentó hablar con la gerencia para explicarle la situación y no fue posible conseguir siguiera una cita porque esta funcionaria no atiende directamente al público.
Consideramos esta clase de hechos como tentativas contra la vida de las personas por la dilación en la atención. Desde el punto administrativo estas fallas se pueden corregir aplicando un sentido común que resuelva de forma eficaz y oportuna el malestar de la población, para lo cual el funcionario debe tener presente que la principal finalidad del Estado es el servicio a la comunidad, que cuando un empleado de cualquier entidad estatal, al ejercer sus funciones le es útil a la ciudadanía, no le hace un favor sino que cumple con una tarea remunerada. La labor del juez, el policía o la del médico son iguales en importancia, pero sus resultados serán buenos o malos dependiendo de la forma oportuna en que acojan y resuelvan los problemas que les informan, en los que en la mayoría de las veces está en juego la vida de la gente.
El servicio público es un apostolado para el bienestar colectivo, donde salen a relucir los valores y dimensiones humanas del funcionario, quien en uso de tales cualidades, escucha a la ciudadanía sin discriminación, para gestionar y ejecutar soluciones individuales o colectivas. Por esa razón en la administración pública, mientras más haya comunicación entre el funcionario y su población objetivo, mejor será el desempeño de uno y la satisfacción de los otros.
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