Recientemente la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público divulgó los Informes de Viabilidad Fiscal Territorial para 2017. Estos informes revisan la situación fiscal de los gobiernos departamentales y de los municipios y distritos capitales. Para Cartagena, el trabajo trae una información que es fundamental para comprender el estado de sus cuentas fiscales, identificando fortalezas y debilidades.
Un primer elemento que vale la pena anotar es que la organización institucional del Distrito de Cartagena está conformada por el sector central y el descentralizado. En el primero, el informe señala que existían, al cierre del 2017, 1.714 cargos en la planta de personal y 1.645 pensionados. Por su parte, el sector descentralizado está compuesto por nueve entidades: tres empresas industriales y comerciales del Estado, una Empresa Social del Estado (ESE Hospital Local Cartagena de Indias) y cinco establecimientos públicos.
El mensaje central del informe es que existe cierta solidez en las finanzas del Gobierno central y riesgos en los descentralizados, particularmente en dos empresas que incrementaron sus pérdidas en 2017: la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar S.A. (Edurbe) y Transcaribe S.A, ya que la primera perdió $45.028 millones y la segunda $81.095 millones. Al sumar los resultados de todas las empresas, incluyendo las tres con utilidades, las pérdidas del sector fueron $117.438 millones.
En la medida en que el Distrito es el propietario de estas empresas, en caso de un deterioro de sus finanzas deberá asumir los faltantes. El informe señala que, al evaluar la liquidez para responder las obligaciones de corto plazo, se tendrían problemas en Edurbe, Corvivienda, Distriseguridad, Aguas de Cartagena, ESE Cartagena de Indias y Transcaribe, ya que sus activos líquidos solo cubrirían el 30% de las obligaciones a corto plazo.
Además, las obligaciones contingentes del sector descentralizado (aquellas que podrían surgir en caso de que se pierdan las demandas judiciales en curso) ascendían a $451.238 millones, lo que implicó un incremento de casi 1,5 veces con relación a 2016. De igual manera, el reporte indica que el gasto que más creció en el gobierno distrital fueron las transferencias (17%), dentro de las que se incluyen los recursos que se giran a los entes descentralizados.
En síntesis, si bien existen unas finanzas aceptables en el Gobierno central del Distrito, se observan riesgos en el sector descentralizado que ameritan una estrategia de manejo clara para evitar el deterioro del patrimonio distrital en el mediano plazo.
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