En Cartagena desde hace décadas hablamos de los problemas ambientales del cerro de La Popa. Recuerdo que una vez se fijó como límite a la construcción de viviendas la cota 22, y la declaración del área restante como zona de reserva forestal; en el gobierno del ex alcalde Gabriel García Romero, se creó el instituto Reforecar para atender la situación de esta elevación de 150 metros, ente que fue eliminado en la siguiente administración. Sin embargo jamás se ha dado una atención integral a esta problemática que con los años ha venido agravándose, al punto que hoy no es únicamente lo ambiental lo que hay que resolver, sino también las graves condiciones sociales de la población multiplicada por el desplazamiento en el campo y la necesidad de los pobres históricos locales de tener un sitio donde sobrevivir en las laderas de un acantilado o debajo de un abismo, dejándole todo a la voluntad de Dios.
En las faldas de este cerro, extendidas desde las siniestradas lomas del barrio San Francisco hasta Loma Fresca, no se puede transitar libremente, la inseguridad reina por doquier, un buen número de jóvenes mueren sumidos en un conflicto urbano donde las drogas son el común denominador. Conocimos el caso de un joven que a sus 20 años nunca ha salido de las fronteras imaginarias de su sector, no conoce el centro de Cartagena, es drogadicto y atracador, su madre dice que muchas veces le roban parte del botín porque no sabe contar, ni leer, sus familiares no saben qué hacer y resignados esperan que de un momento a otro lo maten, desde ya buscan ayuda para su entierro. En general las pandillas implantaron un régimen de terror en sectores tan dominados por los vándalos que estos andan por las calles armas en mano, amenazando a los vecinos, e imponiendo toque de queda a los habitantes.
En el proceso de tugurización de la parte más alta, el Estado no ha ejercido el control y regulación del uso del suelo, por lo que cada día se construyen más viviendas de hasta dos pisos sin normas de ingeniería y urbanismo, luego las medidas que tome el gobierno distrital deben ir dirigidas a solucionar los riesgos ambientales, pero también a los riesgos sociales para que la gente deje de vivir en ranchos como hormigas sobre terrones de azúcar, amenazados por el viento, la lluvia y la erosión de la tierra, en un territorio y comunidad que por sus peculiaridades más bien parece una república independiente.
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