Unas pocas palabras de consternación del papa Francisco bastaron para detener una ola de linchamientos en Argentina que se extendió después de que una multitud mató al joven David Moreira, por robarle la cartera a una mujer en Rosario.
Los linchamientos se detuvieron pero no su causa: un sentimiento y experiencia ciudadana de impotencia, indefensión e inseguridad ante delitos que el Estado no parece poder controlar.
La justicia por manos propias demuestra que la gente está cansada de la ineficiente administración de justicia, y que pide soluciones concretas para terminar con la inseguridad y la impunidad. La falta de justicia ordinaria suele degenerar en casos de ajusticiamiento popular, endémicos en América Latina, que ahora abarca a Argentina y a Brasil, pero que recurre en Bolivia, Guatemala y México.
La justicia por manos propias muestra que está causada por la debilidad o ausencia de las instituciones. La mayoría de las veces es un problema de falta de recursos y profesionalización del ministerio público y, muchas otras, porque la policía y la justicia son permeables a la corrupción. La falta de instituciones y de justicia también ha llevado a que en algunos países los linchamientos sean crímenes de odio, aprovechados por homofóbicos y xenofóbicos para “limpieza social”.
Los linchamientos aparentan ser soluciones porque resuelven en minutos lo que la justicia ordinaria tarda años. Pero trastocan el principio de la proporción entre el delito y la pena. De ahí que a Moreira se le haya “sentenciado” a muerte por robar una cartera. El juez, bien o mal, actúa según un orden legal y social, mientras que en la masa, como en Rosario, las personas, refugiándose en el anonimato, se desinhiben, pierden la razón, contagian violencia a otros y confunden justicia con venganza.
Para acabar con el círculo vicioso que nutre la inseguridad, impunidad y justicia por manos propias, el reto de América Latina es aumentar los presupuestos demostrando que la justicia no es un gasto sino una inversión, permitiendo mayor acceso a mejor justicia; la fórmula eficiente que utilizaron los países más desarrollados del continente, como EE.UU. y Canadá, para controlar la corrupción y el crimen, y para alcanzar más desarrollo e igualdad. El otro desafío es dotar de mayor profesionalización y valores a las policías, como se logró en Chile y Colombia, para combatir delitos cuyo número se ha triplicado en la última década.
Pero para emprender cualquier cambio, como este que es cultural, el primer paso lo debe dar el poder político evitando seguir linchando al Poder Judicial o manipularlo como un instrumento político para alcanzar sus fines.
Ricardo Trotti
trottiart@gmail.com
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