Elaborar leyes, normas y procedimientos no es tarea fácil: estas deben reunir muchos requisitos para que la población las acepte; y al mismo tiempo, estar blindadas para que las mentes torcidas, que siempre las hay, no les puedan hacer el quite.
Todo toma tiempo: elaborarlas, hacerlas conocer, asimilarlas, y convertirlas en hábitos de conducta. Pero fenecen; por muy bien elaboradas que estén, y por mucho que hayan demostrado su eficacia en otros países, y en el tiempo, al traerlas al país, y pasados los tiempos enunciados, los abogados les encuentran “los orificios” por donde violarlas sin violarlas, y quedan inservibles. O simplemente muestran que no eran tan buenas en estos genotipos, como de buena fe se pensaron.
Ese parece ser el caso de la Ley 100 de 1993 que creó el marco regulatorio de dos asuntos de vital importancia: la salud y la pensión; dos sistemas que tienen que ver con el bienestar del individuo, y que han requerido de permanente injerencia del Estado, porque a pesar de los intentos, es, o ha sido imposible, abandonar a las leyes del mercado. Han sido temas obligatorios de campaña, y hay quien los quiere volver 100 % públicos (peor), mientras que otros, reformarlos para controlar la corrupción que ha invadido toda la cadena de servicios -en el caso de la salud- y buscarle racionalidad, y sostenibilidad financiera, en el caso de las pensiones; en lo posible con mínima intervención del Estado.
El 27 de abril de este año, la señora N. N., residente en el sector 11 de Noviembre, estrato 1, afiliada al régimen subsidiado de Comparta EPS, fue remitida a hacerse unos exámenes del oído a Sinus Center, en Barranquilla. Le dijeron que debía hacerlo con sus propios medios. Después de tener planeada la ausencia de su trabajo, desde la IPS la llamaron, un día antes, para cambiarle la hora de 2 p. m., a 9 a. m., con la excusa que la doctora solo estaría a esa hora. Un imprevisto, bueno, se tolera. La realidad es que la tuvieron hasta las 2 p. m. En la diligencia gastó $125.000 que debió prestar. En Barranquilla después de hacerle parte de los exámenes, le dijeron que tenía cera en el oído afectado y la máquina no respondía. Le recetaron glicerina y que volviera en 7 días. ¡Inaudito! En esto ha habido muchas irregularidades y abusos de la posición dominante de la EPS y la IPS. ¿Cómo es que el especialista remitente no detectó que tenía el oído tapado y procedió a limpiarlo antes? ¿Había algún interés malsano en enviarla a la IPS? ¿Por qué a Barranquilla y no en Cartagena? ¿Por qué no le pagaron el transporte y los viáticos? ¿Por qué en Barranquilla no le hicieron el lavado de oído?
La afectada elevó derecho de petición por la página web de la entidad, con copia a la Supersalud, sin que aún haya recibido, siquiera, un acuse de recibo de ninguna de las dos. Esto no sucedía hace unos años; le bailaban el indio es cierto, pero a veces hasta le daban la razón. En este Gobierno -el mal ejemplo de los mayores, dirían las abuelas- todo se ha relajado. Colombia necesita de hombres intachables en las tres ramas del poder público; que aún sientan, crean y actúen bajo el precepto de que la moral y la ética son los verdaderos rectores de la conducta.
*Ing. Electrónico, MBA.
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