El bienestar debe ser una condición de la dignidad humana, en Colombia no es así, por cuanto la opulencia contrasta con la miseria absoluta, por ello, no sorprende, que la niña Yuliana, residiera al frente de un exclusivo sector del asesino, en un barrio, en donde la miseria y la pobreza, destruyen la naturaleza humana.
Estos territorios sedes de la exclusión socioeconómica, de los que hay muchos en Colombia, solo son importantes en épocas electorales, o cuando acontecen hechos extranormales, como la tortura, asfixia, violación y muerte de esta criatura de Dios, sino hubiese sido así, todavía Yuliana y su familia, seguirían siendo seres invisibles.
La barbaridad cometida por este criminal de estrato alto, ha generado con razón la ira y la indignación colectiva, que busca que este delincuente, no se burle del proceso que contra él se ha iniciado y pague la pena máxima por su atroz crimen, para lo cual, la comunidad estará atenta, para evitar que triunfe la impunidad.
Lo ocurrido a este angelito, no es, ni ha sido excepcional, la violencia, los atentados contra la vida, y la integridad personal de los colombianos, ya no son solo una amenaza, son un peligro mortal, una trágica realidad. En efecto en el 2015 hubo 59.545 casos de violencia 2.275 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes, 19.181 delitos sexuales, 3049 desparecidos, lo que significa que estamos frente a problemas graves y complejos que requieren atenciones integrales inmediatas, urgentes y estructurales.
Es por ello, que no es comprensible, que ante la salvaje muerte de esta criatura, nuestras autoridades, propongan salidas facilistas, y salgan a decir los discursos de siempre, me refiero a lo expresado por la directora del Instituto Colombiano de Malestar Familiar, que pidió la cadena perpetua para los responsables de estos delitos, o la Ley Yuliana, propuesta por el presidente del congreso, Mauricio Lizcano, en el mismo sentido.
El aumento de las penas no ha sido instrumento eficaz para combatir el delito, porque las acciones delictivas se han multiplicado, evidenciándose que a los delincuentes no les intimida ni disuade dichas medidas. Estimo sin embargo, que cualquier sanción carcelaria resultaría insuficiente, para castigar estas monstruosidades.
El Estado tiene la obligación y el deber de solucionar estos asuntos, estos, deben ser el centro de su gestión, por cuanto, la vida, la convivencia, la seguridad, son valores supremos sobre los cuales debe centrarse su actuar.
La sociedad civil, ya es consciente del peligro que les asecha, por tanto, creemos que ha llegado la hora de exigir medidas eficaces. Ello, es una orden, un mandato, hoy letra muerta, pero exigible. Lo contiene el inciso segundo de nuestra constitución que dice: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”
Es posible que me digan que estoy soñando, y que tránsito por el camino de las utopías, tal vez tengan razón quienes así piensan, pero, no pierdo la esperanza de vivir en una sociedad mejor, porque, “la esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. “Julio Cortázar.
Estoy convencido, que todos tenemos derecho a defender a la vida, a convivir en paz y dignamente, en una sociedad libre de violencia. Es imperativo entonces pedir, justicia, y promover la justicia social para que la pobreza y la exclusión no sigan siendo cadenas perpetuas, como hasta ahora, pero, recuerdo una vez más, “nada cambiará sino actuamos.”
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