La atención en salud depende de un binomio obligatorio: un paciente y un personal de salud (médico, enfermera, terapista, etc.) competente. El tiempo, los gigantescos avances científicos, la aplastante tecnología y la realidad virtual obligan a que estos dos actores requieran de instituciones especializadas en métodos diagnósticos, procedimientos especiales, etc. Con la ley 100 apareció un intermediario más, las EPS, captadoras de dinero, responsables de los pacientes y de pagar la atención. En 10 años la inversión en salud se incrementó notoriamente. La cobertura mejoró, pero la calidad de la atención no creció en consonancia y la distancia entre los dos actores es cada día más grande.
Con frecuencia un paciente va con un problema de salud y la atención se dilata, la valoración se prolonga, la solución no llega y cuando lo hace es inadecuada o tardía. Además, el personal de salud es maltratado económica, social -e inclusive- físicamente.
A la ley 100 le han surgido la reforma del 2007 (ley 1122) y luego la del 2011 (ley 1438). El año pasado se aprobó la ley estatutaria, como todas nuestras leyes, hermosa, perfecta, pura en su concepción y metas pero inane, casi letra muerta. Si, la salud es un derecho, pero pacientes y proveedores de salud no reciben el trato merecido.
Para el ministro el modelo es caduco y requiere más reformas. Él propuso agregar más intermediarios: Salud Mía, para recaudar, administrar y pagar a los prestadores; Mi Plan, para garantizar acceso expedito al sistema sin necesidad de tutelas; los gestores, las actuales EPS, serían las representantes de usuarios y deberían tener una red de servicios y hospitales. Los gestores manejarían la salud y no la plata.
Según el ministro la ley no ha sido aprobada porque cada actor del sistema quiere una ley a la medida de sus intereses.
Es justo reconocer los logros estatales en los últimos dos años: el plan decenal de salud y la mejoría en el control de precios de medicamentos y en los giros directos.
Sin embargo, hay mucho por hacer: un mayor y estricto control de recursos y de la información del sistema y mecanismos que resuelvan la crisis, respondan por las billonarias deudas del sistema y garanticen su viabilidad.
El paciente necesita que lo atiendan donde sea y no donde le exijan. Y que la atención se dé con calidad, oportunidad y continuidad.
Por otro lado el personal de salud requiere un trato digno, una remuneración justa, trabajar en un sitio adecuado y tecnológicamente bien dotado para garantizar una atención integral. A pesar de lo que se diga y repita, el sistema de salud estaría bajo la vigilancia de la superintendencia financiera, increíble.
Y aún dicen que la salud no es un negocio.
*Profesor Universidad de Cartagena
crdc2001@gmail.com
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