Santrich fue trasladado el jueves a la sede de Caminos de Libertad, una fundación que depende de la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal que, según el Ministerio de Justicia, solicitó el traslado junto con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. No pude comprobar si la Conferencia había hecho la solicitud o solo había aceptado a Santrich en su fundación. No es un punto menor, dada la polémica que se armó en torno al movimiento y al palo que le están dando a la Iglesia Católica en las redes.
No es verdad que el internamiento de Santrich en una casa de una fundación católica lo pone a salvo de su extradición. No sería cierto ni aunque estuviera en la sede misma del Episcopado. Todas las instalaciones de la Iglesia Católica en nuestro país son parte del territorio colombiano y en ellas se aplica la ley nacional. Solo la Nunciatura es, para todos los efectos jurídicos, territorio de la Santa Sede. Santrich no puede solicitar asilo recluido en esa fundación. De manera que ni Santrich es un refugiado ni es un asilado: es un recluso más.
O debiera serlo. Lo controversial, sin embargo, es precisamente que el traslado de Santrich a la fundación es cuestionable tanto desde una perspectiva ética como jurídica. Rompe el principio de igualdad para darle un tratamiento privilegiado a quien no lo merece. A quienes sostienen que la captura de Santrich pone en peligro el proceso con las Farc hay que repetirles que la principal garantía de ese proceso debe ser precisamente que los guerrilleros beneficiados no vuelvan a delinquir y que, si lo hacen, se les aplique toda la fuerza de la ley.
Es intolerable que a los guerrilleros de las Farc se les extienda hacia el futuro la impunidad que el pacto les garantiza sobre sus crímenes pasados. Semejante patente de corso tendría efectos devastadores. Y solo confirmaría que Santos le ha dado su bendición a lo que tememos muchos: las Farc, o al menos un sector mayoritario, está jugando a la combinación de todas las formas de lucha y, mientras que le sacan jugo a todos los regalos del pacto, mantienen su actividad criminal. Las disidencias no serían sino parte esencial de su juego estratégico y el narcotráfico su principal fuente de financiación. Y los acuerdos acerca de narcotráfico consignados en el pacto, son un instrumento para proteger el negocio. Vivimos en un mar de coca.
Por eso es fundamental aclarar todas las dudas. El Gobierno no puede beneficiar a Santrich. La Fiscalía no debe aparecer, como está ocurriendo, como que actuó en este caso solo por presión de los Estados Unidos. Y aunque sé que muchos obispos no están de acuerdo con lo ocurrido, la Iglesia no debe enviar el detestable mensaje de que se mueve por supuestas consideraciones humanitarias solo para criminales de las Farc. Erosiona su base social y la fe de sus feligreses.
*Abogado y analista político
“Las disidencias no serían sino parte esencial de su juego estratégico y el narcotráfico su principal fuente de financiación”.
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