El galeón construido por España en 1698 y hundido por los ingleses el 6 de junio de 1708 al zarpar hacia Cádiz, España, en el área de las islas del Rosario y que según los historiadores llevaba unas 200 toneladas de oro (11 millones de monedas de oro), plata y esmeraldas que sacaban de Cartagena, es uno de los tesoros sumergidos más importantes y codiciados del momento.
Este gobierno abrió una licitación de APP (Alianza Público Privada) para rescatar el galeón, omitiendo que la Ley 996, de 2005, en su Artículo 33, Restricciones a la contratación pública, prohibe durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la segunda vuelta, si fuere el caso, la contratación directa por parte de todos los entes del Estado. Igualmente, el Procurador General le envió una carta a la ministra de Cultura, encargada de la licitación, con al menos ocho reparos a la APP mencionada. Y antes de flotar el galeón, ya sí salió a flote la falsa maestría del director del ICANH, encargado del galeón.
Afortunadamente ante la solicitud de un nuevo oferente, la Ministra de Cultura suspendió la licitación hasta el 25 de mayo.
¿Qué se esconde tras toda esta historia, más apasionante que rescatar el galeón?
Maritime Archaeology, firma constituida en enero de 2015 solo para apostarle a rescatar el Galeón, reúne a los inversionistas y trabajará a través de su subcontratista, Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), que realizó el redescubrimiento en 2015, y hará el rescate por una pequeña parte de la exorbitante remuneración que recibirán los dueños del capital y sus comisionistas que según las condiciones de la APP, participarán del aprovechamiento económico de los bienes que estén en el polígono autorizado en el Mar Caribe. El proceso que en teoría le permite competir en ‘franca lid’ a otros oferentes, tiene estas características: pese a que la firma de los inversionistas Maritime Archaeology viene trabajando tres años en secreto con el Gobierno para hacer su propuesta, los demás interesados solo tienen hasta el 25 de mayo para presentar la suya, si es que sigue el proceso pese a las limitaciones legales y objeciones de la Procuraduría.
Lo anterior deja en duda la transparencia con que se debe manejar estos asuntos para el bien del país, por ello no solo la Ley 996 restringe este proceso, sino la Procuraduría presentó sus reparos.
Está en manos del Gobierno dar marcha atrás y dejar que el próximo presidente lidere este proceso con transparencia para el máximo beneficio de la Nación, y no de particulares.
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