Las organizaciones sociales acudimos al derecho fundamental de petición, para que no sigan los servidores públicos, con nuestros gobernantes a la cabeza, los que sean los reyes de la injusticia, cinismo, mentira, del tape y tape, con impunidad.
Exigimos un Estado que garantice los principios y derechos fundamentales, con equidad e inclusión, ausencia de corrupción, justicia cumplida, eficiencia, y que además sea sostenible.
Pedimos que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, renuncie, que tenga vergüenza, por el enriquecimiento ilícito con los negocios de los erarios de 117 empobrecidos municipios.
Al igual que Asonal judicial, exigimos que renuncie el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, por las graves denuncias contundentes de unos de los mayores hechos de corrupción en la historia política del país.
Que el Gobierno retire la ley de financiamiento por ser el intento más cínico de favorecer a los grandes capitales y hacer de Colombia un país más inequitativo y desigual.
El Estatuto Único de Profesión Docente, vital para el magisterio y para el Estado, Estatuto del trabajo, Art- 53 la reforma Constitucional al Sistema General de Participaciones, a fin de garantizar mayores recursos para la educación pública.
Que el Gobierno deje la mentira y el cinismo, acabe la exención de impuestos a los ricos, entre otros a multinacionales, al sector financiero, para cubrir el déficit en las universidades públicas, y los estudiantes vuelvan a clase y así salvar los semestres.
Que haya una disminución de los aportes a salud de los pensionados, del 12 al 4 %, y se haga justicia, tal como se lo habían exonerado a los empresarios en la reforma tributaria del 2012.
Necesitamos políticas públicas eficientes para proteger la vida de quienes luchan por organizar las comunidades o proteger el medio ambiente, ya que los siguen asesinando, y que cese la política de guerra contra los estudiantes, tipificado su activismo como terrorismo de Estado.
No deben seguir amenazando, vulnerando, y desconociendo descaradamente los principios y derechos laborales a los trabajadores y trabajadoras del servicio de aseo, del PAE y de la vigilancia de los colegios públicos de Cartagena.
El alcalde mayor, la secretaria de Educación distrital, la secretaria general, tienen el reto como Estado, como servidores públicos, de acabar tanta injusticia con estas humildes mujeres y hombres de los contratos de aseo, vigilancia y del PAE.
Que Guillermo Díaz, representante legal de la Centro Aseo Mantenimiento Profesional S.A.S, le dé cumplimiento al mandato del Art 67 del CST, sustitución de patronos, a las trabajadoras y trabajadores que tienen este derecho.
“Que el Gobierno deje la mentira y el cinismo, acabe la exención de impuestos a los ricos, entre otros a multinacionales, al sector financiero, para cubrir el déficit en las universidades públicas (...)”
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