Mas allá de los determinismos semánticos, y de definir conforme la ortodoxia gramatical de la Real Academia Española, RAE, cuál es término apropiado para denominar la oleada de venezolanos que cada día llegan a Colombia, está la inmediata y perentoria solución del problema humanitario que tal desplazamiento genera en el país.
De su origen, no es preciso discernir más allá de la abrumadora realidad que la catapulta: la grave crisis política, económica y social que gravita sobre la sociedad venezolana, y cuyo desenlace en lo político corresponde, como problemática interna de índole política que es, resolver a los venezolanos.
Procurando por todos los medios, incluido el del sacrificio de principios partidistas y doctrinarios, que cuanto se pacte entre las banderías en conflicto, sea el más favorable de los acuerdos para el sacrificado pueblo venezolano.
En tanto la solución a la crisis política sobreviene, de cuanto hay que percatarse y disponerse a enfrentar con las medidas y herramientas que su inminencia y gravedad demandan y con la intervención de países y organismos multilaterales, es de la crisis humanitaria y social que ha sobrevenido como consecuencia de la crisis política convertida en juego de intereses, poder y pulso entre facciones de uno y otro bando.
Y es que más acá de un “asunto de fronteras”, la crisis humanitaria provocada por el éxodo de venezolanos hacia nuestro país se convirtió en un problema social y humanitario, el cual hay que asumir como tal y tratar como propio, pues de los 600 mil migrantes venezolanos legalizados que han llegado a Colombia en los últimos dos años, un alto porcentaje son colombianos, o hijos de colombianos, compatriotas que en una de tantas de nuestras guerras de despojo y desplazamiento se refugiaron en Venezuela para salvarse del exterminio.
Es así, entonces, que el Gobierno, el Estado, tienen el deber constitucional de ampararlos, además del imperativo de la solidaridad, apoyo y protección que impone el Derecho Internacional Humanitario, DIH, a quienes en condición de refugiados padecen oprobiosa exclusión, persecución, miedo y privación de elementales medios de subsistencia y protección.
De no ser por la efectiva y permanente solidaridad de los gobernadores de los departamentos de la Costa y de los alcaldes de sus respectivas capitales, que han dispuesto con cargo a sus limitados presupuestos regionales y locales la atención básica en salud, educación y alimentos, de un alto porcentaje de nuestros hermanos venezolanos, buena parte de ellos colombianos o hijos de colombianos, esta crisis ya habría devenido en tragedia, porque lo que es el Gobierno nacional apenas si se ha dado por enterado de su responsabilidad y atención como corresponde.
Le tocará a Petro.
*Poeta
@CristoGarciaTap
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