El título es casi un pleonasmo; un día a día que ahoga la convivencia. Una manifestación son las consultas populares, con énfasis en las que tienen que ver con la explotación del subsuelo. Las consultas son un mandato constitucional, cuya inspiración es loable. El abuso, aupado por magistrados torpes, las ha deslegitimado.
Las consultas se convocan como instrumentos para proteger derechos, y para tratar de conciliarlos con el interés particular o el colectivo. La confusión en lo minero-energético nace de la no identificación del interés colectivo. O, más claramente, de que el propietario del suelo no es, en Colombia, el propietario del subsuelo. El subsuelo es los colombianos, o sea, un derecho de todos.
En reciente sensata sentencia, se le puso tatequieto al abuso de las consultas. En esencia, se reconoció que cuando el agente privado gestiona un bien del subsuelo a nombre de la Nación, su accionar va en en pro del bien común. Lo que paga por el privilegio (regalías), mas los impuestos en el giro de su negocio, van a dar a la caja común (incluida la del municipio sede). Impedir su explotación legal es robarle a lo colectivo.
La propiedad del subsuelo no exime de negociar con las comunidades, así como con los rectores del medio ambiente, sobre compensaciones por las incomodidades de la explotación. También es obligatorio en una operación legítima, emplear las mejores prácticas para mitigar efectos secundarios.
Don Sancho, observando al pirata en 1697, reflexionaba sobre que hubiese sido del imperio español con consultas populares en el Potosí. Quizá una buena cosa, dadas las horrendas condiciones en las minas. En el Perú de hoy, con mucho más población indígena, van solo 50 consultas esta este año, mientras que en Colombia, incluidas las consultas previas, parientes de las populares, pasan de 8.000.
Para muestra un ojal. En 2011, una empresa petrolera inició trámites para perforar en corregimiento de Ovejas (Sucre). El Ministerio del Interior certificó la ausencia de comunidades afectables. En diciembre de 2014, se obtuvo, por aparte y al fin la licencia ambiental. A poco apareció el grupo San Rafael de Galapa, que había sido recientemente certificado por Mininterior. Se acordó con él en abril de 2014, así como con otro grupo campesino en octubre.
Hubo demoras involuntarias para iniciar trabajos. En diciembre de 2016 aterrizaron los paracaidistas: dos abogados chanchulleros -numerosos en el medio- convencieron a los galaperos de que la consulta previa ¡había caducado! Esa figura no existe, pero, ante tutela, un juez de Ovejas ordenó hacer otra reunión de seguimiento -cuento de nunca acabar- en el marco de la consulta. Allí quedó expuesta la falsedad de infundios medioambientales y revelados los intereses económicos para pagarle a los tinterillos. Una ronda consultiva como la vivida en Ovejas no es única. Los agentes están dispersos por todo el país como buitres apareándose con avivatos. El pozo aun no se ha comenzado a perforar.
Así va Colombia competitiva: demente.
Comentarios ()