Cuando debatimos en el concejo la movilidad nos centramos en vías y espacio público, pero estos temas principales también van acompañados de actuaciones administrativas que localmente muchas veces son equivocadas.
Basta con revisar algunas obras inconclusas para ver que no se hizo lo correcto. Un POT anacrónico y las acciones erráticas de años anteriores (muchas veces ignoradas por funcionarios actuales), mantendrán a Cartagena no competitiva.
No es posible que en este distrito declarado patrimonio de la Unesco, sin importar los debates de un concejo, se permita construir edificios con sitios de parqueo insuficientes, que existan bares y casas de prostitución en zonas residenciales, colegios que obstruyen las vías en horas pico, agentes de tránsito que detienen los vehículos en cualquier sitio; por solo nombrar algunos casos tristemente cotidianos para nosotros.
Situaciones como esas golpean la vocación turística del sector que aporta 14,5% del total IPU, ICA y avisos y tableros, con un 97,3% de efectividad versus la industria, que oscila en un 36%. Para reflexionar, en 2015 Bogotá invirtió $13.603 millones, Cali $26.092 millones, Medellín $20.607 millones, Barranquilla $21.685 millones y Cartagena 1.103.
Ante diferencias tan notorias, como servidor público y habitante local, hay que pellizcarse. En nuestro ejercicio no pretendemos frenar el desarrollo de la ciudad, ni mucho menos oponernos a importantes inversiones de marinas en este sector económico, pero sí solicitamos un referendo distrital de los barrios afectados y se revisen todos los acuerdos para otorgar concesión.
¿Cuál es el mercado local?, ¿cómo se garantiza la calidad de vida del entorno?, ¿qué participación tendrá el distrito? ¿Cómo serán sus impuestos, tipos de pólizas que garanticen integralidad, etc.? Las inquietudes quedan cortas cuando se trata de establecer claridades sobre unos proyectos que tienen detrás a grandes monopolios e incluso, altos dignatarios del gobierno nacional.
Hay que pedir factibilidad económica, estudio de movilidad, el concepto de ACUACAR sobre servicios públicos y no desconocer el impacto ambiental. La lista es amplia y la chequera de quienes buscan concesionar también. Eso sí, quieren invertir poco, estar exentos de IVA, todo lo quieren en zonas habitadas (Manga, Castillogrande) donde ya las administraciones hicieron el gasto.
Mientras los hoteles tienen que asumir el costo del 6% de 16 puntos porcentuales de IVA para no perder competencia, luchando para movilizar el mercado con pocas rutas directas internacionales -¡ah!- solo Jet Blue costó 281.173.428 dólares donde $2.200 fueron del sector privado y sin hablar de las heridas de la sobretasa a la energía y el impoconsumo; razón por la cual dirían en mi pueblo, “No es lo mismo Chana que Sebastiana”.
*Concejal
COLUMNA DEL CONCEJO
CÉSAR PIÓN*
protocoloconcejodecartagena@gmail.com
Comentarios ()