El 12 de febrero de 2018 en mi columna de El Universal publiqué el artículo: ¿Aparecieron los culpables?, que se refería a la construcción del Edificio Aquarela.
Allí se señalaba la preocupación de la comunidad, los gremios, las instituciones, el periódico El Tiempo, y se preguntaban: ¿Cómo era posible que emergiera súbitamente esa edificación de 30 pisos en el paisaje urbano tan cerca del fuerte San Felipe de Barajas? ¿Quién permitió semejante despropósito que atenta contra la calificación de la Unesco? Institución que dio su concepto final que debe ser inexorablemente demolido.
Allí también me pregunté, y abro comillas: “De una vez todas las miradas se dirigieron al Comité Técnico de Patrimonio del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), conformado por notables cartageneros, si el POT (decreto 0977 de 2001) había dispuesto al barrio Rodríguez Torices como residencial RB, es decir altura máxima 4 pisos. Y aparecía el edificio en mención con alturas de 30 pisos”.
Resulta que la edificación cumplía con toda la normativa vigente para el momento de su solicitud de acuerdo a un decreto nacional que pretende estimular la política de Vivienda de Interés Social (VIS), y que podía cambiar los índices de construcción del barrio en densidades muy altas para ir cubriendo el déficit de VIS en las ciudades. Y que el lote donde se construiría no aparecía en su área de influencia. Entonces los miembros del comité ven con preocupación que la edificación está muy cerca del Fuerte y que puede afectar sus conos visuales. Y que la manzana donde está el lote no aparece afectada por su área de influencia, lo cual permitiría su construcción. Y es así como en fecha de junio 17 de 2016, el IPCC envía un oficio al Ministerio de Cultura, al director de la Oficina de Patrimonio, el señor Alberto Escovar, quien no le da la debida atención, y cuando lo hace, ya tarde, 363 días después, es decir, el 15 de junio de 2017, emana la resolución 1703, donde modifica la resolución 043 de 1994, con la cual se amplía el área de influencia que congela la construcción en altura que pueda afectar al Fuerte, y se incluye la manzana donde ya se erguía el edificio Aquarela, cuyos promotores habían adquirido en ese vacío de la normativa todos los permisos y licencias pertinentes para su desarrollo inmobiliario. Y aquí surge entonces la pregunta: ¿Si el PEMP estuviera decretado como debió estarlo hace mucho tiempo, quizás estas cosas estuvieran pasando? Este proyecto tan importante pareciera estar obstruido por intereses oscuros.
Hoy, un juez de la República determina que los culpables no son las personas que se dice lo son, y que si lo hay es por esa falta que le hace a la ciudad su PEMP, quien extrañamente lleva años planeándose en Bogotá, y por la omisión de distantes y fríos funcionarios capitalinos.
============10 micro comilla columnista DERECHA (484667)============
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