Familias de víctimas estadounidenses en ataques terroristas en Israel exigieron el jueves ante la justicia federal de Nueva York una multimillonaria compensación a la Autoridad Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) por su responsabilidad en esos hechos.
Los atentados tuvieron lugar entre 2001 y 2004 con un saldo de 33 muertos y más de 390 heridos, entre ellos ciudadanos estadounidenses como el abogado Mark Sokolow, uno de los demandantes.
Este jueves, un jurado popular integrado por 12 personas (siete de ellos afroestadounidenses) escuchó los alegatos finales de la acusación y la defensa en una audiencia presidida por el juez George Daniels, también afroestadounidense, en los tribunales del sur de Manhattan.
Según la acusación, la Autoridad Palestina (AP) y la OLP deben ser considerados responsables por brindar apoyo a los atentados llevados a cabo por miembros de Hamas y las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, algunos de los cuales eran empleados en alguna de esas entidades.
"Hay un montón de evidencia de que apoyaron a esas organizaciones terroristas", dijo el abogado Kent Yalowitz, en representación de la querella, señalando directamente al expresidente de la AP y la OLP en aquel entonces, el fallecido líder palestino Yasser Arafat.
"Arafat estaba a cargo y era el responsable de todo el apoyo material", afirmó Yalowitz, denunciando que terroristas empleados en la AP y la OLP seguían cobrando su sueldo aún en prisión, era promovidos o, en el caso de los suicidas, sus familias recibían dinero.
Yalowitz recomendó al jurado, que comenzará a deliberar el viernes, millonarias compensaciones para la víctimas y sus familiares.
En el caso de los Sokolow la suma avanzada supera los 50 millones de dólares, por un total para el caso de varios cientos de millones de USD.
"No hay evidencia", dice defensa
De su lado, la defensa, que realizó su alegato final por la mañana, rechazó todos los cargos en contra, afirmando que "no es correcto responsabilizar al gobierno (palestino) por algunas personas que hicieron cosas locas y terribles".
"Lo hicieron por sus propias razones", señaló el letrado Mark Rochon, recordando que la Autoridad Palestina tenía "grandes impedimentos" para gobernar y controlar lo que sucedía en su jurisdicción en aquellos años.
Según la defensa, los demandantes presentaron "testimonios exagerados para mostrar a la Autoridad Palestina como algo malo", incluyendo un exoficial de inteligencia israelí, y "un montón de evidencia genérica" pero ninguna "específica".
"No hay evidencia terminante de que la cúpula de la Autoridad Palestina o la OLP estuvo involucrada en el planeamiento o la aprobación de actos de violencia específicos", sostuvo, citando un informe de la época de las autoridades estadounidenses.
En caso de ser condenados, la Autoridad Palestina y la OLP podrían tener que pagar sin esperar el resultado de una apelación.
El juicio tiene lugar en forma simultánea a la adhesión de la Autoridad Palestina a la Corte Penal Internacional (CPI), una instancia a la que podría recurrir a partir del 1 de abril como querellante contra Israel por "crímenes de guerra", sobre todo en la franja de Gaza.
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