El ministro venezolano de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, afirmó que el "ataque terrorista" contra sedes del Tribunal Supremo Judicial (TSJ) y el Ministerio del Interior, Justicia y Paz, desde un helicóptero, no impedirá la realización de la constituyente, el 30 de julio.
Mediante un comunicado, el vocero del gobierno del presidente Nicolás Maduro, señaló que los "ataques armados" forman parte de "una escalada golpista contra la constitución y sus instituciones".
"Ninguno de estos ataques detendrá la activación del proceso constituyente ni impedirá el ejercicio del derecho al voto popular por parte del pueblo venezolano el próximo 30 de julio, para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)", expresó el gobierno venezolano en la nota oficial.
El ataque se produjo desde una aeronave Airbus Bolcow 105 Cicpc 02, hurtado por Oscar Alberto Pérez, inspector adscripto a la división de transporte aéreo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), según el gobierno.
Igualmente, los detalles del caso indican que desde el helicóptero, Pérez efectuó alrededor de 15 disparos contra el ministerio del Interior, donde unas 80 personas celebraban el Día Nacional del Periodista.
Sobre la sede del TSJ, cuando estaba en sesión la sala constitucional y se encontraban varios trabajadores, "se efectuaron disparos y lanzadas al menos 4 granadas de origen colombiano y fabricación israelí, de las cuales una no estalló, y fue colectada".
En el sitio, "dos de las granadas fueron lanzadas contra efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes reaccionados y "pudo evitarse una tragedia".
"El autor de estos hechos se encuentra bajo investigación por vínculos con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los EEUU y la embajada de ese país en Caracas, así como sus vínculos con un ex ministro del Interior, quien públicamente ha confirmado sus contactos con la CIA", en referencia a Miguel Rodríguez Torres (2013-2014).
Igualmente, la administración de Maduro, emplazó a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), así como a la jerarquía eclesiástica y "demás factores de la sociedad venezolana a condenar resueltamente estos hechos y deslindarse de una vez por todas de la violencia".
El gobierno hizo un llamado a estar alertas "frente a la escalada golpista" que asegura pretende "alterar el orden constitucional", además de señalar que "carece de cualquier escrúpulo para el logro de sus ambiciones políticas y económicas".
Sostuvo que el ataque se "enmarca en la ofensiva insurreccional adelantada por factores extremistas de la derecha venezolana, con apoyo de gobiernos y poderes extranjeros".
Venezuela lleva 11 semanas de protestas anti-gubernamentales convocadas por la MUD, que arrastran 76 muertos según el Ministerio Público, así como daños materiales y más de 1.000 heridos.
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