Con un billón de pesos más para el sector educativo, anunciados ayer por el presidente, Iván Duque, el Gobierno busca apaciguar los pedidos de los estudiantes de las universidades públicas, que realizarán hoy una nueva jornada de protestas.
Este dinero adicional saldrá del sistema general de regalías y para que quede en firme, restará la aprobación del Congreso, que deberá darle el visto bueno al presupuesto final del próximo año, que ahora rondará los 43 billones de pesos.
Esta tarea quedó en manos del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y de la directora del Departamento Nacional de Planeación, Gloria Alonso, pues esta asignación afectará el monto final de regalías al que tienen acceso las entidades locales y departamentales.
Así las cosas, en una semana, el Gobierno anunció primero 500 mil millones de pesos y ahora, un billón más. Sin embargo, esta primera asignación no estuvo libre de polémicas.
De hecho, una de las motivaciones para la salida de hoy a protestar es la distribución hecha por el gobierno a este primer rubro.
“Desde el movimiento estudiantil ratificamos que esos 500 mil millones no cubren las necesidades del presente año y eso nos preocupa porque vemos que hay falta de voluntad política para asignar un rubro real y contundente para los problemas de la educación superior pública”, explicó David Reyes, uno de los delegados de la U. de Antioquia ante la Asamblea General de Estudiantes.
A lo que se refiere es a la distribución explicada por la ministra de Educación, María Victoria Angulo, hecha de la siguiente forma: inversiones que podrán solicitar según los proyectos de cada universidad (223.000 millones de pesos), pago de base (55.000 millones), para la línea de gratuidad de la educación (121.000 millones) y la línea de excelencia, que es la transformación de Ser Pilo Paga (101.000 millones). Estos dos últimos, el 44% del total de lo anunciado, no hacían parte de las peticiones.
En ese mismo sentido, aclaró Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal de Colombia, SUE, que “esos 500 mil millones se esperaban para funcionamiento –donde hay déficit–, con 40 % y para inversión con 69 %, pero el Gobierno los distribuyó en otros programas”.
Para hoy justamente se tiene planeada una reunión entre 32 rectores de universidades públicas con el Ministerio, en la que se insistirá en la redistribución, aclaró Torres.
Por otra parte, Reyes aclara que para asegurarse un esquema sostenible, desde la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, Unees, propondrán una modificación de los artículos 85 y 87 de la ley 30 de 1992, que establecen cómo se financian las universidades públicas.
“La tarea principal es generar un escenario de presión en el Congreso, entonces varias delegaciones nacionales partirán a Bogotá para acompañar a los que ya están allá y fijaremos próximamente una nueva hoja de ruta dependiendo de lo que ocurra”, explicó.
Según la Unees, el déficit de las universidades públicas asciende a más de 16 billones de pesos y por ello, piden un plan de saneamiento a 10 años, además de un incremento presupuestal de 4,5 billones de pesos para estas instituciones.
Sin embargo, desde el primer anuncio de recuros, el Gobierno ha sido enfático en que cumplirá con los 4,5 billones de pesos solicitados por las instituciones de educación superior públicas para su funcionamiento y que esta sería la primera vez que a la educación superior se le aumenta más que el IPC en su presupuesto de un año al otro.
Pero este no es el único embrollo del Gobierno esta semana. Mañana la Federación de Trabajadores de la Educación (Fecode) realizará una junta nacional para establecer la fecha en que los docentes saldrán a paro en apoyo a los estudiantes y para pedir el retiro de un proyecto de reforma, que a su juicio, amenaza la carrera docente.
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