La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá decidió rebajar la condena de 26 años y 4 meses de cárcel, a 16 años y 9 meses de prisión para Blanca Jazmín Becerra Segura, considerada por las autoridades como el ‘cerebro’ del desfalco a la Dian.
Becerra Segura había sido condenada por la juez Séptima Especializada, el pasado 5 de octubre de 2012, tras considerarla determinadora dentro de la organización que según las autoridades se conformó para desfalcar a la Dian mediante solicitud de devoluciones de IVA irregulares a través de documentos y resoluciones falsas.
La determinación del magistrado también cobijó al escolta José Norvey Garzón Fierro, quien fue condenado a pagar a 21 años de cárcel. A él la pena fue reducida a 16 años, la de Sandra Liliana Rojas pasó de 25 años de prisión a 12 años 8 meses, éste mujer era considerada la mano derecha de Becerra.
Quien no corrió con la misma suerte fue María Delia Segura de Becerra, madre de Blanca Jazmín, a quien su pena se le aumentó de 6 años y 3 meses a 7 años y 7 meses.
A Becerra Segura le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, peculado por apropiación, lavado de activos, exportación ficticia, cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito a particulares.
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
En marzo de 2012, el Fiscal 14 Especializado de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos concedió el principio de oportunidad en favor de Blanca Jazmín Becerra Segura, Sandra Liliana Rojas y José Norbey Garzón Fierro, implicados en el millonario desfalco a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
En su momento, el ente acusador otorgó el amparo de ley en la modalidad de interrupción de la acción penal por el término de 360 días; en tres, de los ocho delitos imputados y aceptados por Becerra Segura; y en dos, de los siete delitos imputados a Rojas y a Garzón Fierro.
“El principio de oportunidad fue autorizado respecto de los delitos de menor punibilidad imputados a cada uno de los procesados, con el fin de que las personas beneficiadas cumplan con los compromisos adquiridos con la Fiscalía.
De tal forma que corresponde al Juez de Conocimiento establecer la pena a imponer en relación con los demás delitos”, señaló la Fiscalía.
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