La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exdirector de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), Virgilio Segundo Calderón Peña, por presuntas irregularidades en unos contratos.
De acuerdo con la investigación, Calderón Peña habría aceptado la prestación de servicios y la entrega de bienes sin contar con orden o contrato formal alguno, lo que según el Ministerio Público, obligó a la Corporación a aceptar el pago correspondiente a través de conciliaciones prejudiciales que fueron convocadas por los contratistas para obtener sus correspondientes pagos.
De acuerdo con la pruebas, las tres conciliaciones que se realizan en el marco de este proceso se adelantaron en los meses de abril, junio y octubre de junio de 2009 y fueron aprobadas por juzgados administrativos de Valledupar.
Según los argumentos de la Procuraduría, el hecho de que Calderón no hubiera mediado un contrato formal, implica el “incumplimiento de un requisito”.
Por lo tanto, “al haberse beneficiado de los bienes y servicios de terceros sin culpa de ellos, Corpocesar utilizó la conciliación prejudicial para legalizar los hechos cumplidos mencionados, con lo que el funcionario investigado pudo infringir los principios que rigen la contratación estatal (…;)”.
En consecuencia, para el Ministerio Público el investigado pese a advertir que no podía comprometer los recursos públicos, habría utilizado una figura de la conciliación prejudicial para legalizar los hechos cumplidos.
La falta fue calificada por el Ministerio Público como gravísima cometida a título de dolo en razón de que “el investigado sabía que la actividad contractual está reglamentada y no podía adquirir obligaciones que no estuvieran estipuladas en un contrato u orden de servicios y, adicionalmente, habría utilizado la figura de la conciliación prejudicial para legalizar hechos cumplidos”
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