La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años a cinco integrantes del Ejército Nacional por el ‘falso positivo’ de un campesino ocurrido en Ituango, Antioquia, en junio de 2004.
Se trata del teniente Edward Saúl Fonseca Católico, el sargento segundo Rafael Grijalba Barrera y los soldados profesionales Farley Osorio Flórez, Diego Alejandro Carmona Rico y John Fredy Vásquez Durango.
En segunda instancia, la Procuraduría estableció que el campesino fue retenido contra su voluntad, en estado de indefensión y asesinado como resultado de la conducta arbitraria y violatoria de derechos fundamentales y deberes funcionales de los cinco miembros del Ejército.
“A juicio del ente de control, los militares aprovecharon las funciones que debían cumplir en el marco de un conflicto armado y con su proceder reprochable se desviaron de los fines del Estado social de derecho para cometer un homicidio”, señaló la entidad.
La Procuraduría calificó la falta como gravísima cometida a título de dolo, por afectar la dignidad humana y el derecho fundamental a la vida de un civil, haciendo creer que su muerte se había producido en un enfrentamiento armado con el enemigo, a sabiendas de que no fue así.
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