Durante su intervención en la tercera Audiencia contra la Explotación Sexual Comercial de niños, Niñas y Adolescentes y la Trata de Personas, que se desarrolló en Cali, el procurador general Fernando Carrillo reiteró que vigilará con lupa los procesos que lleguen a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre abusos de menores, para que sean llevados a la justicia ordinaria.
“Hoy yo quiero comprometerme con ustedes, a que vamos a estar vigilantes ante la JEP para que esos delitos de violencia sexual no terminen beneficiados, en abstracto y genéricamente, por las normas que se establecieron para tratar a determinados actores del conflicto armado (…) Aquí no caben reglas generales, hay que mirarlo caso por caso”, dijo el jefe del Ministerio Público.
Carrillo también manifestó que está a la espera de conocer la sentencia completa de la Corte Constitucional para determinar los alcances de competencia que pueda tener la JEP para juzgar delitos sexuales contra menores ocurridos durante el transcurso del conflicto armado, pero advirtió “no creemos que haya causalidad entre la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes, y el conflicto armado”.
No hay cifras confiables sobre explotación sexual infantil
El Procurador también lamentó la inexistencia de cifras confiables y el subregistro que hay sobre delitos de violencia sexual contra menores de edad y trata de personas, aunque declaró que este tipo de delitos se puede observar en las calles y en las plazas, entre otros.
"Las cifras oficiales con que cuentan las autoridades, la impunidad en la penalización de estos casos se acerca al 97% o 98%, sumado al reporte de 100% de no identificados que a diario son abusados en Colombia, donde el victimario por lo general es un miembro de la familia o del círculo cercano”, señaló el jefe del ente de control.
Carrillo además condenó que la explotación sexual comercial de los menores de edad sea uno de los negocios más lucrativos del mundo, en el que se mueven más de 35 mil millones de dólares al año.
“Esto es crimen organizado internacional que rebasó las fronteras de los estados y, particularmente en Colombia, es una patología social que se ensaña con nuestra realidad. Hay que impedir que los agresores sexuales continúen en las calles y para ello hay que reformar el sistema de justicia e incluirlo como una prioridad en el proyecto que estudia el Gobierno Nacional”, aseguró el Procurador.
El jefe del Ministerio Público cuestionó que el Pacífico colombiano sea un corredor propicio para la trata de personas y la explotación sexual, y que la cultura del dinero fácil, promovida por el narcotráfico, además de la falta de presencia del Estado aumente el riesgo de que los menores de edad sean vulnerados.
“Todos sabemos que en el caso del corredor Pacífico es clarísimo el influjo del conflicto armado, de la forma como la cultura del narcotráfico, del dinero fácil, ha incidido en la violación de la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, que se va de frente en el caso de un crimen que es transnacional y que tiene unas implicaciones lamentables en la vida de los ciudadanos”, declaró Carrillo.
Estrategia #MiVozCuenta
Finalmente, el jefe del ente de control anunció que en noviembre las campañas #MiVozCuenta, en alianza con El Tiempo, y “No es hora de callar” se trasladarán a Leticia (Amazonas) para abordar el fenómeno que se presenta en la triple frontera con Brasil y Perú.
“La lucha contra esta industria criminal no es un heroísmo de una institución frente a las demás. Si aquí no hay coordinación y si no hay trabajo conjunto vamos a fracasar en este empeño”, manifestó el Procurador.
Jineth Bedoya Lima, subdirectora de El Tiempo y directora de la campaña “No es hora de callar” realizó una radiografía del flagelo de la explotación sexual de niños en Colombia y en especial en el Pacífico, y advirtió que la apuesta de esta alianza con la Procuraduría, el Gobierno, la academia, el sector privado y los medios de comunicación, es la de salvar a los menores de la explotación sexual comercial.
“Si no nos sensibilizamos frente a esta problemática va a ser muy difícil erradicarla y por eso también celebramos que arranquemos este año de trabajo con el proyecto #MiVozCuenta” de la mano de la Procuraduría General, pero necesitamos que todos y todas se sumen. Necesitamos al ICBF, a la Policía, a la Fiscalía a la comunidad internacional (…) Con una niña que logremos rescatar, todo este esfuerzo habrá valido la pena”.
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