Durante una audiencia que se extendió hasta pasada la media noche, un juez de control de garantías decidió desestimar el pedido de la Fiscalía de otorgar medidas de aseguramiento intramurales contra los cuatro implicados en el carrusel de las cirugías plásticas del Hospital La María, entre los que está el contralor general de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, el exgerente del hospital La María, William Marulanda, su hermana Yurani Marulanda, y el exsubgerente de la entidad Diego Ceballos.
Aunque la intervención quirúrgica de este funcionario y de otras tres personas cercanas a directivos del hospital público se habrían realizado dejando de facturar ciertos procedimientos, cobrando la hospitalización como de segundo nivel (cuando La María es de tercer nivel) y, en algunos casos, dándole la categoría de “particular especial”, para el juez la Fiscalía no argumentó de forma suficiente cómo los funcionarios representan un riesgo futuro para la comunidad si quedan en libertad.
Pese a eso, el juez hizo una excepción frente al funcionario Roberto Suescún, excoordinador financiero del hospital. Según dice, aunque éste presentó su renuncia, el hospital no la ha aceptado formalmente y, siendo así, existe un riesgo de que en su situación actual deje de cumplir sus funciones de vigilar los recursos públicos.
Con esa argumentación, el juez le otorgó una medida que consiste en prohibirle cualquier tipo de contacto o comunicación con el Hospital La María hasta tanto se aclare su situación.
La audiencia se desarrolló ayer con la exposición de argumentos por parte de las defensas de los imputados para que se les dé libertad mientras el proceso continúa.
La Fiscalía, que les imputó cargos como presuntos responsables de los delitos de prevaricato por omisión y peculado por apropiación, por las irregularidades denunciadas en el hospital La María, solicitó el viernes al juez medida de aseguramiento intramural.
En la audiencia también está Roberto Suescum, coordinador financiero de La María, a quien, además de los mencionados cargos, le imputaron tráfico de influencias y falsedad en documento público.
Ayer, la defensa del contralor señaló que este no es un peligro para la sociedad y que ni siquiera se le debía dictar medida de aseguramiento domiciliaria. Y pidió al juez “no tomar una decisión basada en lo que dicen los medios de comunicación”.
El fiscal aseguró que el contralor se declaró impedido en febrero pasado para hacer la auditoría a La María, donde se practicó una intervención estética en abril de 2016. Pero, agregó, en la auditoría del año anterior, entre abril y junio, Zuluaga tuvo la oportunidad de evidenciar las irregularidades de estos procedimientos estéticos, algo que, según el funcionario del ente acusador, no hizo.
Luego de esto, el fiscal paró su intervención diciendo que la defensa estaba obstaculizando sus argumentos interrumpiéndolo en su exposición, por lo que el juez le pidió que acabara con su intervención.
*UNA ESTRATEGIA*
El abogado del exgerente Marulanda sostuvo que las cirugías estéticas hacían parte de estrategias de mercadeo para superar las dificultades económicas que afrontaba La María y dijo que eran parte de un programa llamado “particulares especiales”.
Aceptó que el descuento para quienes se realizaran las cirugías estéticas superaba el 50 % y que esa oferta aplicaba para cualquier ciudadano.
Según el defensor de Marulanda, los descuentos estaban en el sistema. Anotó que en el caso del contralor faltaban los costos del cirujano, porque el funcionario los canceló de manera particular.
El fiscal señaló que las fechas de las facturas presentadas son posteriores a la del momento en que los implicados en la investigación se realizaron las cirugías.
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