El magistrado Pedro Díaz, presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, levantó este jueves en la noche la sesión de la audiencia en la que el general (r) Mario Montoya debía formalizar su sometimiento al sistema de Justicia Transicional.
La audiencia se vio interrumpida para analizar el recurso de reposición que interpuso el abogado defensor del exoficial, quien se opuso al reconocimiento de varias víctimas en esta etapa del proceso, por considerar que se estaba faltando a su presunción de inocencia.
En el recinto se leyeron varias indagaciones que se realizan en justicia ordinaria contra Montoya por presuntos 'falsos positivos' y excesos en la operación Orión (Medellín), y además se presentaron cerca de 20 familiares de víctimas, los cuales pretender ser reconocidos en este proceso.
El presidente de la Sala informó que en los próximos días programará otra fecha para continuar con la audiencia y comunicar su decisión con respecto al recurso de reposición, tras analizar los argumentos de las partes.
Una vez se resuelva el recurso, el magistrado Díaz le recalcará al oficial los compromisos que adquiere para ser acogido por la JEP, los cuales tienen que ver con su aporte al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Durante la sesión de este jueves se leyeron varias indagaciones que se realizan en justicia ordinaria contra el oficial por su presunta responsabilidad en ‘falsos positivos’ (ejecuciones extrajudiciales), entre 2007 y 2008, además de excesos en la operación ‘Orión’ (Medellín, 2002).
Las indagaciones son adelantadas por parte de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en donde el coronel (r) Luis Fernando Borja Aristizábal mencionó el nombre del general Montoya en casos como el de Saleth de Jesús Caldera, quien fue víctima de una ejecución extrajudicial en el corregimiento de Sincé, Sucre, el 29 de enero del 2008, cuando Borja comandaba la Fuerza de Tarea Sucre. Este oficial en el 2002 confesó su responsabilidad en 57 falsos positivos, por los que fue condenado a 40 años de prisión.
El segundo caso que se mencionó fue el de los presuntos excesos en la operación ‘Orión’, desarrollada por el Ejército, la Fuerza Aérea, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con el fin de enfrentar a los grupos armados (paramilitares, FARC, ELN) que delinquían en la Comuna 13 de Medellín, desde el 16 de octubre del 2002.
Sin embargo, varios días después empezaron a denunciarse varios presuntos delitos como los que sufrieron Jhon Wilmar Rodríguez Cartagena y Germán de Jesús Montoya, heridos el 17 de octubre; Juan Carlos Cano Giraldo, Elkin de Jesús Ramírez Vélez, fueron asesinados ese mismo día; por esos días fueron reportados como desaparecidos Arles Edisón Guzmán Medina, Dani Ferney Quiroz, Iván de Jesús Herrera, Blanca Lilia Ruiz Marín, Jhon Fredy Sánchez Castrillón y Diana Marcela Granada; por su parte, Carlos Mario Muñoz fue torturado.
Otras indagaciones que se mencionaron tienen que ver con los casos de Francisco Segundo Sierra Salazar y Víctor Alfonso Pérez Osorio, asesinados el 3 de diciembre de 2007 en Turbo, Antioquia; Daniel Suárez Martínez, 5 de diciembre (Ocaña); Jorge Luis Villanueva, 6 de diciembre (Guatapurí - Cesar); Camilo Andrés Valencia, 7 de diciembre (Abrego – Norte de Santander); y así se mencionaron en total 60 casos de ejecuciones extrajudiciales en los que los familiares de víctimas esperan respuestas por parte del general (r) Montoya.
“Hoy es un día histórico para las víctimas, que durante muchísimo tiempo han escuchado explicaciones sobre ‘hechos aislados y manzanas podridas’, siendo que para nosotros se trató de una decisión institucional. Nosotros queremos que Mario Montoya Uribe reconozca su participación en esto y establezca la responsabilidad de móviles, autores intelectuales y materiales por las graves violaciones de derechos humanos de las que sería responsable. Tenemos esperanza de que en la JEP llenen los vacíos de la justicia ordinaria para hacer justicia para las víctimas”, expresó Álvaro Frías Cruz, abogado de varios familiares de víctimas e integrante del Colectivo ‘Orlando Fals Borda’.
En un sentido similar se pronunció Beatriz Méndez Piñeros, madre y tía de tres víctimas de ‘falsos positivos’ cometidos en el sur de Bogotá, en el 2004.
“Necesitamos que el general (R) Montoya diga la verdad que nosotros queremos, no la que ellos tienen preparada. Él debe delatar a sus superiores, porque él fue cabeza del Ejército en el tiempo que ocurrieron estos atroces crímenes, qué diga quién le dio órdenes, porque no se mandaba solo. El general debe ayudar aliviar la zozobra que hemos sufrido las madres tras el asesinato de nuestros hijos desde hace más de 10 años”, expresó la señora Méndez Piñeros.
Una vez concluida la audiencia del excomandante del Ejército, la solicitud formal será analizada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para completar el trámite. Entre tanto, todas las indagaciones relacionadas con el general serán suspendidas mientras se obtiene una respuesta oficial para definir si el caso es acogido por el tribunal de justicia transicional.
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