Recién pasaban las 4:00 p.m. de ayer el expresidente y el senador más votado de las pasadas elecciones, con 875.554 votos, Álvaro Uribe, anunció que renunciaba al Senado para asumir la investigación que le adelanta la Corte Suprema de Justicia por el caso de falsos testigos que lo enfrenta al senador Iván Cepeda desde 2014.
Solo ocho minutos después, el alto tribunal informó en un comunicado de prensa que llamaba al exmandatario a indagatoria por los delitos de soborno y fraude procesal por hechos ocurridos el pasado 16 de febrero de 2018. La Sala de Casación Penal se abstuvo de abrir instrucción a Cepeda por la denuncia de Uribe de compra de testigos, en el caso que se lleva contra su hermano, Santiago Uribe, desde 2010, por hechos referidos a la creación de grupos paramilitares. Por el contrario, encontró razones para compulsar copias contra el denunciante.
En una indagación preliminar, el 22 de febrero, informó la Corte que personas allegadas al expresidente Uribe, al parecer con su consentimiento, habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos, por lo que el alto tribunal habría determinado que existen elementos para su investigación.
La investigación
Este caso comenzó cuando Cepeda organizó un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia entre 1995 y 1997, años en los que el expresidente era gobernador de este departamento. Según expuso Cepeda, Pablo Hernán Sierra García y Juan Monsalve Pineda, condenados por paramilitarismo, en entrevistas que le dieron desde las cárceles de Itagüí y Cómbita, respaldaban la tesis que señalaba que en la finca Guacharacas, propiedad de la familia de Uribe Vélez, se había creado el Bloque Metro de las Autodefensas.
Inmediatamente, Uribe desestimó los testimonios y demandó a Cepeda ante la Corte Suprema, acusándolo de ir de cárcel en cárcel comprando testimonios para coordinar un cartel de falsos testigos que buscaba incriminarlo.
Sin embargo, en el fallo, el alto tribunal, a través de interceptaciones y testimonios llegó a la conclusión que el legislador del Polo no había desviado las revelaciones contra Uribe de los encarcelados.
Ayer martes, tras dar a conocer su renuncia, el exmandatario publicó varios mensajes vía Twitter atacando a la Corte. En ellos, acusa al alto tribunal de prejuzgarlo y exigió la renuncia de un magistrado, que no identificó, pero que al parecer habría filtrado su llamado a indagatoria a los directores de medios Felipe López y Néstor Morales.
Además, les pidió a sus abogados no dar declaraciones en su nombre. El defensor del expresidente, Jaime Granados, a la salida de la Corte, les dijo a los medios estar sorprendido. “La Corte ya había accedido a otorgarnos esa versión y para nuestra sorpresa lo llamaron a indagatoria. De nuestra parte, consideramos precipitado ese llamado”.
Agregó que “el expresidente ha pedido que todo se investigue y nunca ha huido de la justicia. Él es el más interesado en que los temas se aclaren y aportaremos todos los elementos de prueba para defendernos”.
Por este caso se vinculó también al representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, miembro del Centro Democrático, quien afirmó que “estoy extrañado que nos llamen a indagatoria sin siquiera habernos escuchado en versión libre. Le daré la cara a la justicia y voy a probar cualquier hecho”.
En medio del revuelo, la contraparte, Iván Cepeda,dijo que está estudiando la posibilidad de pedirle al tribunal ser parte en el proceso que se adelanta contra Uribe, y advierte que “aquí estamos sobre una actuación lícita de la Corte Suprema de Justicia. El ejecutivo no debe inmiscuirse en lo judicial, sólo cabe respeto y consideración a la independencia y autonomía del poder judicial”.
Concluyó que es “un hecho sin precedentes. Creo que es la hora de que Uribe le dé la cara a la justicia, se acabaron las maniobras dilatorias, las presiones sobre los magistrados de la Corte”.
¿Habría cárcel?
Estamos lejos de conocer todas las consecuencias, pues no es claro quién sería el encargado del caso de Uribe, tras la renuncia de su curul.
A eso se suma que los delitos podrían llevar a la necesidad de privar de la libertad al senador del Centro Democrático.
“Las medidas precautelares dependen de cada caso. Debe considerarse la calidad de la persona, ver que no está impidiendo el cumplimiento u obstaculizando la investigación, y a la dignidad de la República”, explicó el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla.
Si depende de la Corte, indicó a su vez Iván Cancino, abogado penalista, el tribunal tiene plazo de 10 días después de la realización de la indagatoria –la cual todavía no tiene fecha– para definir si hay mérito o no para un encarcelamiento.
Sin embargo, para Guillermo Mendoza Diago, exfiscal general, no habría posibilidad para su reclusión porque “se trata de un ciudadano que no ha esquivado ningún llamado a la justicia y tiene arraigo, lo que permite descartar que haya una evasión a la justicia”.
SU PASO POR EL CONGRESO
El expresidente Álvaro Uribe fue elegido como senador para el periodo 2014-2018, encabezando la lista cerrada del Centro Democrático, que obtuvo 2.045.564 votos, y para el 2018-2022 logró 855.554 sufragios, convirtiéndose en el senador más votado del país. Su posesión ocurrió el pasado 20 de julio.
Durante ese primer periodo legislativo fue miembro de la Comisión Séptima, encargada del estatuto del servidor público, organizaciones sindicales, carrera administrativa, deportes, salud, entre otros asuntos.
De acuerdo con Congreso Visible, Uribe fue el autor de 70 proyectos de ley, ponente de 38 y realizó 37 citaciones. Fue abanderado de proyectos contra la corrupción que incluían reducir el salario de los congresistas y el tamaño de las corporaciones públicas, reglamentar las coaliciones de partidos y movimientos políticos; además, de la reformulación de la justicia penal militar, ya que le preocupaba el tratamiento que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) daba a los militares procesados por delitos relacionados con el conflicto armado.
Hizo una férrea oposición a los proyectos relacionados con la refrendación e implementación del Acuerdo con las Farc, ya que como líder de su bancada promovió la discusión y el retiro a la hora de la votación para afectar el quorum. El 19 de junio pasado, el Consejo de Estado negó la solicitud de pérdida de la investidura formulada por el abogado Nixon José Torres, quien señalaba que esas ausencias a la hora de votar constituían una violación al artículo 183 numeral dos de la Constitución Política. El 9 de abril de 2018 radicó el proyecto de ley por medio del cual se crea la Circunscripción Nacional de Víctimas, en cumplimiento a la promesa que le hizo a las víctimas del conflicto cuando se hundió el Acto Legislativo que creaba las circunscripciones especiales de paz.
¿QUIÉN REEMPLAZARÁ A ÁLVARO URIBE?
Este miércoles la plenaria del Senado enfrentará su primer gran debate, el expresidente y senador Álvaro Uribe deberá presentar su renuncia formal ante la mesa directiva que está presidida por el congresista de su mismo partido, Ernesto Macías. Este procedimiento es una votación simple que se ejecuta por mayoría. Sin embargo, es seguro, que la decisión estará antecedida por la participación enérgica de toda su bancada, quienes con varios trinos, ya anunciaron la defensa del líder político. Sumado a esto la oposición no va a perder la oportunidad de realizarle un debate al jefe político del Centro Democrático. Si la dimisión es aceptada, el reemplazo de Uribe estaría entre Mila Patricia Romero (26.901 votos) y Yenny Rozo (24.930 apoyos). La decisión está en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE).
DUDAS EN LAS COMPETENCIAS
La renuncia a su curul como senador provocó un debate jurídico alrededor de quién tendrá las competencias para asumir el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La dignidad de senador implica que su juez natural es la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, al renunciar perdería ese fuero, por lo que su caso pasaría a la justicia ordinaria.
Al menos así lo considera Iván Cancino, abogado experto penalista, quien explicó que los delitos por los que está siendo investigado el expresidente, que son soborno y fraude, no tienen relación con su cargo como congresista.
“No mantiene fuero porque no son delitos que tengan vinculación a su calidad de senador, y como no era presidente cuando presuntamente los cometió, la Corte pierde competencia”, dijo.
Lo mismo cree Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema, quien consideró que “la norma constitucional dice que cuando se cesa en el cargo, cesa el fuero, a menos que los hechos por los que se investiga hayan sido cometidos en el ejercicio de sus funciones, que no es el caso”.
En ese sentido, sobre la teoría, el funcionario competente sería la Fiscalía General de la Nación, que recibiría las pruebas de la Corte y decidiría si mantiene el llamado a indagatoria. “Pero estas decisiones son independientes y propias”, recalcó Arrubla.
Sin embargo, un auto de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en 2016, frente a la parapolítica, ratificó su competencia en casos de aforados que renunciaron a su curul, considerando que el delito que cometieron, fue “por causa del servicio, con ocasión del mismo o en ejercicio de funciones inherentes al cargo”. Esta consideración podría ser aplicada para este mismo caso.
Sin embargo, el exfiscal Guillermo Mendoza explicó que la aplicación de ese auto “dependerá del caso que los magistrados elaboren sobre estos delitos y cómo se sustente”. Entretanto, la propia Corte informó que solo cuando el Senado le acepte y formalice la renuncia, evaluará si pierde competencia. “Si no tienen que ver con la función legislativa, el proceso se remite por competencia a la Fiscalía”, ratificaron.
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