La Corte Constitucional recordó los deberes de la justicia frente a la justicia indígena y ordenó la entrega de un detenido a su cabildo para que allí cumpla su castigo por un supuesto abuso.
El caso tiene que ver con un indígena que habría mantenido relaciones sexuales con la hija de su compañera permanente, de 14 años de edad, lo que llevó a que esta quedara en estado de embarazo.
La comunidad indígena habría juzgado y condenado al comunero a cumplir una pena conforme a sus costumbres, la cual comenzó a purgar. Posteriormente, este fue capturado por la Fiscalía y puesto a disposición de un juzgado penal para ser juzgado nuevamente por concurso homogéneo y agravado de delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
A juicio del gobernador del cabildo, las acciones de las autoridades de la justicia ordinaria lesionaban el derecho de la comunidad indígena a administrar justicia y del comunero a no ser juzgado dos veces por el mismo delito.
La Sala concedió la tutela, amparado el derecho fundamental del cabildo al respeto por la diversidad étnica y cultural, y al ejercicio de la jurisdicción especial indígena, por lo que ordenó a las autoridades de la justicia ordinaria proceder a la entrega del capturado a las autoridades de la comunidad indígena, para que terminara de cumplir con la sanción que se le impuso en un principio.
Igualmente, se exhortó a las autoridades indígenas para que velaran por los derechos de la niña.
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