La revelación del gobierno de Estados Unidos en el sentido de que los cultivos de coca en Colombia alcanzaron la cifra de 209.000 hectáreas, 11 % más que el 2016, abrió de nuevo la discusión sobre cuál será el futuro de la estrategia antidrogas y el papel que asumirá la administración Trump en caso de que no se logre controlar esta situación.
La controversia llega en medio de la transición de mando que hay en el país entre el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el mandatario electo, Iván Duque, quien se posesionará el próximo 7 de agosto y de quien Washington espera la aplicación de una política de mano dura para frenar el avance de la coca.
Sin embargo, desde la administración Santos se empiezan a evidenciar nuevos mecanismos con los cuales fortalecer la erradicación de los cultivos ilícitos. Se trata de la aspersión aérea con glifosato, pero esta vez a través de drones y no de aviones, como se hacía antes de 2015, cuando fue prohibido por sus efectos nocivos para la salud.
Este proyecto fue presentado por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien manifestó que “esa tecnología está madura, se puede hacer con facilidad, tiene una duración necesaria en el aire, capacidad de carga para hacer las aplicaciones y la mitad de la concentración del veneno”.
Precisamente, el presidente Santos, luego de la reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes este martes, aseguró que el uso de drones para aspersión de cultivos de coca con glifosato no tendrá grandes impactos sobre la salud de las comunidades o del medio ambiente, al tratarse de una práctica terrestre.
“Hoy discutimos la utilización de los llamados drones, que, por su altura, se asimilan a una aspersión terrestre. Se han hecho una serie de planes piloto que le han dado pie a los ministerios de Salud y del Medio Ambiente para decir que cumplen con las condiciones para poderlos autorizar”, dijo Santos.
El presidente fue enfático en que este tipo de aspersión es terrestre y por tanto no afectaría el fallo de la Corte Constitucional, en el que se prohíbe esta práctica a nivel aéreo.
Ante la inminencia del regreso del glifosato, el director del Movimiento Ambientalista Colombiano, Camilo Prieto, afirmó que este método de erradicación no es el problema esencial, ya que la mayoría de ellas son perversas ambientalmente por las concentraciones en las que se maneja y por las características aleatorias con las que se genera.
Según Prieto, para que este nuevo modelo presentado por el Gobierno Nacional para la aspersión aérea sea aceptado, debe usarse inteligencia artificial y algoritmos que tengan una mejor precisión y así mismo se disminuya el daño ambiental y a la salud pública que origina este tipo de fumigación.
"Hay que estudiarla porque no se ha probado en ninguna parte del mundo, por eso no estaríamos de acuerdo con el uso masivo de esa tecnología sino con una prueba piloto, porque no podemos poner en juego nuestra biodiversidad y no podemos arriesgarnos a una fumigación masiva que puede poner en riesgo los ecosistemas", dijo Prieto.
El experto fue enfático en decir que el Gobierno se está centrando simplemente en el manejo del síntoma y no en la causa del problema. "El aumento de las hectáreas es la manifestación de un síntoma, más no la causa del problema, es decir, la disminución de los cultivos sembrados de coca son la mejor foto satelital pero no resuelven las heridas sociales profundas del narcotráfico", dijo.
Pese a que Prieto recomienda hacer pruebas piloto, el analista político Víctor de Currea Lugo rechazó esto, afirmando que el glifosato tiene un componente cancerígeno, por lo que no se puede aplicar.
"Uno no puede envenenar los campesinos, no puede envenenar las selvas con el glifosato y para mí el tema de la fumigación es retroceder, pero eso no es la solución mientras Estados Unidos y Brasil no nos ayuden a reducir el consumo, pues esto es una guerra perdida, porque la guerra no solo puede ir contra la oferta sino el consumo", dijo De Currea Lugo.
OFERTA VS. DEMANDA
Más allá de los métodos con los que el país busque la erradicación de los cultivos ilícitos, el tema entre los expertos parte de la oferta y la demanda. Por lo menos así lo explica Ariel Ávila, director de la fundación Paz y Reconciliación, quien considera que el incremento de estas plantaciones se debe entender primero desde el mercado.
"Los cultivos de coca no se darían en Colombia si países como Estados Unidos, Brasil y Europa no fueran los principales consumidores, pero que simplemente hacen presencia para señalar que aquí aumentó la oferta y no tienen en cuenta que allá aumentó la demanda. Este no es un problema solamente del país, aquí hay una vía bidireccional que no se está controlando", dijo Ávila.
Para el experto, la causa de este problema no está en "las maticas de coca que faltan por ser arrancadas", sino en que no hay políticas de garantía económica para el campesino, que es el principal afectado de esto al haber estado abandonado por más de 50 años a causa del conflicto armado.
"Si uno mira las regiones afectadas se da cuenta de que son las mismas de hace 20 años, eso no ha cambiado, baja un poquito y vuelve a subir. Tumaco es el municipio con más Coca, Tibú, el bajo Putumayo con Puerto Asís y San Miguel y Leguizamo, las mismas zonas de siempre, pero de esas regiones muy poco se escucha, porque están totalmente alejadas de nuestro panorama y no en la distancia sino en lo social", puntualizó Ávila.
Con esta postura, coincidió De Currea Lugo, quien fue enfático en señalar que este aumento en los cultivos "estaba cantado desde que se inició el proceso de paz", debido a que no se le dio el espacio al proceso de transición prometido a los campesinos.
"Hubo una esperanza en el Acuerdo de Paz sobre cultivos ilícitos, pero se reescribió luego del plebiscito y la erradicación terminó siendo un incentivo que plantea castigos más no garantías. El acuerdo inicial planteaba un periodo de transición para la sustitución de los cultivos con apoyo del Estado, y lo que se apunta ahora es que cuando usted destruya todos los cultivos tendrá ayuda y lo que le dicen a uno los campesinos de Cauca y Nariño es que mientras tanto qué comen", sostuvo el analista.
De Currea manifestó que "el problema de eso es que no hay un mercado agrícola que sea mínimamente beneficioso, que le permita vivir a los campesinos de sus productos, no, no lo hay, entonces la gente se vuelve a la coca porque no hay otra opción económica".
Todo esto porque, a pesar del Acuerdo de Paz y de los programas de sustitución voluntaria de cultivos, a los que se han inscrito 77.659 familias según el Plan Integral Nacional de Sustitución (PNIS), las hectáreas sembradas aumentaron, alcanzando, según la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (Ondcp, por sus siglas en inglés) 209.000 datos que para el gobierno norteamericano son inaceptables.
Tras la divulgación del informe, Jim Carroll, subdirector de la Ondcp, dijo que “el mensaje del presidente Donald Trump a Colombia es claro: debe dar marcha atrás al crecimiento en la producción de cocaína”. A lo que el presidente Santos señaló que el aumento fue menor al que se esperaba, que era, según reveló la semana pasada, del 30 %.
Esta situación para De Currea demuestra que "aquí hay rabo de paja", porque Estados Unidos hace llamados de atención a Colombia, pero no se está teniendo en cuenta que él es uno de los principales ofertantes de este mercado que debe ser destruido con la concertación y no la represión.
"No se hace caso de experiencias internacionales y aquí podemos citar dos modelos: el modelo Afganistán frente al Opio, que es el uso de la represión, y el modelo social, que es el caso de Bolivia, que implica concertación con las comunidades. Colombia aún no sabe por cuál irse y todo indica que el nuevo Gobierno llegará por el lado de la represión", dijo el analista.
Por su parte, Oscar Palma, experto en el tema de drogas ilícitas, afirmó que esta tendencia al alza se ha venido presentando en los últimos años como causal de incentivo para familias que vieron en el proceso de paz un negocio lucrativo en el que se negociaban las hectáreas de coca y se recibían beneficios.
"Muchos campesinos tomaron la decisión de cultivar hectáreas de coca teniendo en cuenta que esto les garantizaba una posibilidad de negociar más fuertemente para obtener beneficios por parte del Estado, entonces hay una especie de incentivo perverso de frente a la motivación del porqué el aumento”, añadió el experto.
Palma, como los anteriores analistas, coincidió en decir que la situación de los cultivos ilícitos en Colombia se debe principalmente a la demanda que está desarrollándose en el exterior.
"En Estados Unidos y Europa se mantiene un consumo de cocaína y eso por supuesto es una motivación de mercado para que en Colombia siga el cultivo. La cuestión de la cocaína es un fenómeno de naturaleza económica y mientras exista una demanda a nivel global va a existir también una oferta nacional para satisfacer eso. Aquí no solo flota una responsabilidad sino una corresponsabilidad con los demás territorios", detalló Palma.
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