El coronel del ejército Juan Carlos Barrera se sometió formalmente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que ese organismo sea quien juzgue las presuntas ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros que cometió, conocidas como "falsos positivos".
Barrera se presentó ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, donde manifestó su voluntad de traspasar sus procesos legales de la justicia ordinaria a la justicia transicional y subrayó su compromiso con la verdad.
La JEP es el organismo judicial creado específicamente para juzgar los crímenes de los guerrilleros de las FARC y de la fuerza pública perpetrados en el marco del conflicto armado y supone uno de los pilares del acuerdo de paz firmado entre el grupo insurgente y el Gobierno colombiano en noviembre de 2016.
Barrera, oficial retirado de 54 años que fue apartado del servicio público en 2008 por sus presuntas implicaciones en violaciones de los derechos humanos, tiene un proceso abierto en la justicia ordinaria como responsable de más de 90 desapariciones forzadas, más de 80 homicidios y casos de retenciones ilegales y desplazamiento forzado, entre otros.
El militar se comprometió hoy "de forma libre y voluntaria" a contribuir "al esclarecimiento de la verdad" y aseguró confiar en la "imparcialidad" de la JEP.
La magistrada de la Sala Sandra Castro le recordó que el "principio de confianza" otorgado por la JEP "no se puede quedar solo en meras intenciones" sino que requiere "acciones concretas que lleven a una reparación de las víctimas".
Los magistrados deberán revisar el caso de Barrera para determinar si puede ser admitido dentro de la JEP antes de pasar la investigación a la Sala de Reconocimiento, donde se reunirá toda la información posible sobre los hechos y donde el militar decidirá reconocerlos como su responsabilidad o no.
Sin embargo, Barrera ya anunció que por ahora se declara como no responsable de los crímenes que se le imputan, aunque puede retractarse de esa afirmación más adelante en el proceso.
La JEP prevé sentencias menores y restaurativas con las víctimas para aquellos victimarios que reconozcan su responsabilidad y contribuyan con la verdad, aunque si no reconocen su culpabilidad una vez ya sea probada pasarán a recibir castigos mucho más severos.
Precisamente el lunes pasado la JEP abrió su tercer caso para investigar los casos de falsos positivos y anunció que llamará a comparecer ante el tribunal a 1.944 miembros de la fuerza pública que ya han manifestado su voluntad de acogerse a este procedimiento.
Los "falsos positivos" son uno de los hechos del conflicto armado que más ha impactado a la sociedad colombiana, ya que muchas de las víctimas eran hombres jóvenes de pocos recursos reclutados bajo la promesa de un empleo para luego ser asesinados y presentados ante la opinión pública como guerrilleros muertos en combate por militares que buscaban obtener beneficios o ascensos.
Según la Fiscalía colombiana, que entregó sus investigaciones a la JEP recientemente, entre 1988 y 2014 se dieron al menos 2.200 casos de estas ejecuciones extrajudiciales, un fenómeno que "se incrementó a partir del año 2002 y conoció su etapa más crítica entre 2006 y 2008".
El comandante del Ejército en ese periodo, general retirado Mario Montoya, decidió someterse a la JEP la semana pasada, según anunció ese tribunal.
Una de esas 2.200 víctimas es Nubia de Jesús Bedoya, quien fue asesinada en 2004 por el batallón que comandaba Barrera y posteriormente se hizo desaparecer su cuerpo para presentarla como una baja de la guerrilla.
La hermana de Nubia, Emilse de Jesús Bedoya, se presentó a través de un apoderado legal a la audiencia como representante de las víctimas.
Su abogado, Sergio Arboleda, pidió a los magistrados trasladar el caso lo más pronto posible a la Sala de Responsabilidad "para aportar por parte de las víctimas la información y documentación que tenemos".
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