Según información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Alcaldía de Medellín, se están atendiendo 61 familias que se han desplazado desde el municipio de Tarazá a Medellín en las últimas cuatro semanas, como consecuencia de hechos de violencia en este municipio de Antioquia.
Las personas se encuentran albergadas en casa de familiares y en menor número en un albergue tras su llegada a la ciudad, donde han recibido asistencia por parte de la Alcaldía de Medellín, al tiempo que entregaron su declaración con el fin de valorar su reconocimiento como víctimas de desplazamiento forzado para recibir la ayuda humanitaria de emergencia.
Desde la semana siguiente al 20 de mayo, 52 familias declararon en Medellín su desplazamiento desde Tarazá, las cuales manifestaron que salieron en su mayoría de los barrios San Miguel y Las Palmas debido a las amenazas de grupos armados ilegales.
En total, en la capital antioqueña han sido atendidas durante el pasado mes de mayo 195 personas (61 hogares) procedentes de esta localidad.
“Por el aumento de los desplazamientos de población provocados por hechos de violencia y los asesinatos en la región del Bajo Cauca antioqueño y, en particular, en Tarazá", afirmó el director de la Unidad para la Reparación a las Víctimas en Antioquia, Jorge Mario Alzate Maldonado.
Según las autoridades, este año se cometieron 71 homicidios en esta localidad. Los más recientes fueron los homicidios contra un mototaxista y otro hombre la semana pasada.
Con el fin de analizar la situación de orden público en este municipio y la articulación de las entidades y los entes territoriales para atender a esta población, la Unidad para las Víctimas convocó a una reunión este martes con los representantes de la Procuraduría, Personería de Medellín, Defensoría del Pueblo, Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
El director territorial de la Unidad para la Reparación a las Víctimas ha advertido durante este año por el aumento de los desplazamientos forzados de más de dos mil familias, los homicidios y otros hechos de violencia en las regiones del Norte y Bajo Cauca antioqueño por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales (Clan del Golfo, ELN, disidencias de las FARC) y la disputa de rentas ilegales y zonas de cultivos ilícitos de coca.
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