En la audiencia pública citada por la Corte Constitucional sobre la reforma del equilibrio de poderes, el Consejo de Estado ratificó la posición que había expresado desde el trámite de la misma, que como fue aprobada va en contra de la Carta Política.
En tal sentido, el presidente del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara, aseguró que la reforma en nada beneficia al ciudadano de a pie. También planteó que la enmienda no tiene equilibrio de poderes, “porque esto es lo mismo”.
De la misma forma, el magistrado cuestionó en nombre de ese tribunal que la reforma no tiene unidad de materia porque se “mezcló de forma indiscriminada temas partidistas con la estructura de la justicia”.
Un aspecto más que considera ilegal Vergara es que la enmienda rompió el principio de consecutividad, porque hubo temas que no se discutieron cumpliendo el orden que deben tener las reformas constitucionales.
Igualmente dicen que se rompe el debido derecho a la defensa en lo que tiene que ver con la comisión especial que reemplaza a la Comisión de Acusación.
De opinión contraria fue el exministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, quien manifestó que el Congreso de la República en su condición de constituyente no reforma la autonomía del Poder Judicial en el país, sino que dio mayor fortaleza a las altas Cortes para ser más expeditos en la administración de la misma, por lo que considera como válida que se haya acabado con el Consejo Superior de la Judicatura.
Para Martínez, es equivocado decir que tal y como queda la nueva estructura de la Administración de Justicia el Gobierno tiene cómo intervenir en el nombramiento de los miembros de la misma, “no es cierto que el Gobierno meta sus narices”.
Por otra parte, el jurista Rodrigo Uprimy, consideró que el análisis de inconstitucionalidad a la norma no se puede dar diciendo que la reforma está rompiendo el pilar constitucional de la justicia, y consideró que por el contrario lo que se hizo fue cambiar el mecanismo de operación del mismo.
También sostuvo que la Corte Constitucional deberá ser muy prudente sobre si acepta el juicio de sustitución que se pretende decir hizo el Congreso al votar la reforma, en especial en lo referente a todas las normas referentes al tema de la justicia.
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