La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda de elección de Carlos Felipe Córdoba Larrarte como Contralor General de la República para el período 2018-2022.
Wilton José Mólina, demandante de la elección del actual contralor, aseguró que los procesos del concurso estuvieron “viciados”, por lo que considera se violaron las normas constitucionales, legales y reglamentarias.
En razón a la resolución para la elección de Córdoba, el demandante aseguró que el “acto administrativo no reguló aspectos propios que se requerían para su desarrollo, como fue fijar el termino o periodo de publicación de la convocatoria, circunstancia que la hace nula y así debe decretarse, por ser uno de los actos parciales de la elección”.
El demandante aseguró que con relación a la convocatoria, este acto no se surtió, pues a su juicio el Congreso de la República solamente publicó la Resolución que fija las reglas del concurso en su pagina web y la misma duró tres días.
“En este hecho estamos es denunciando la ilegalidad de la omisión de fijar el término o periodo de la publicación que exige la ley para la publicidad de la convocatoria para elegir contralor, la cual debe realizarse con 10 días de anticipación a la inscripción y se publicó en la página del Senado solamente tres días”, dice el documento del demandante.
Como segundo argumento, Molina aseguró que existieron irregularidades en la lista de los aspirantes al cargo de Contralor. El demandante explicó que la revisión de las hojas de vida de las personas que suplirían el cargo fueron revisadas por la Universidad Industrial de Santander (UIS), y posterior a ello emitieron un listado con la valoración en porcentajes de los opcionados.
“La Universidad UlS remitió al Congreso los dos informes de evaluación de la prueba de conocimiento y evaluación de la hoja de vida, sin realizar las descalificaciones para presentar el grupo de, al menos, 20 aspirantes para que la Comisión Accidental escogiera los 10 definitivos”, se lee en la demanda.
Molina aseguró que el centro educativo envió a la Comisión Accidental los resultados de los 60 aspirantes y, en “forma ilegal”, dejó el trabajo técnico en manos de los congresistas, por lo que los mismos hicieron la lista definitiva de los 10 aspirantes al cargo. “En el presente caso se cometió una ilegalidad”.
“Esta lista definitiva fue expedida por la Comisión Accidental en forma irregular y con abuso y desviación de poder incluir mas del 60 % de los aspirantes que ostentaban menores puntajes que otros aspirantes, que por ley debían estar incluidos”, dice el documento de Molina.
A juicio del demandante, lo que es más “aberrante” es que excluyeron de dicha lista a uno de los aspirantes con mayor puntaje para suplir la plaza.
En ese entendido, se espera que la corporación estudie los informes radicados por Molina y durante los próximos días entregue decisiones sobre los mismos.
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