El Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira (Risaralda), condenó a seis integrantes del 'Cartel del Queso', que enviaban el lácteo desde Venezuela hacia Colombia por lugares inhabilitados y sin ningún tipo de control aduanero.
De acuerdo con la Fiscalía, este cartel tenía tanto la infraestructura financiera como vehicular y el capital humano para traer de manera ilegal a territorio colombiano el producto, por trochas que conducían a los departamentos de Norte de Santander y La Guajira.
Ya estando en Puerto Santander, hacían el trasbordo de la mercancía desde los vehículos venezolanos a carros de placa colombiana.
La Fiscalía señaló que la banda contrabandeó 52 mil kilos de queso avaluados en más de $1.033 millones, que adquirieron a través de una sociedad de lácteos de Barranquilla (Atlántico), la cual estaba a su nombre.
Entre los condenados se encuentra Windy del Carmen Escobar, sentenciada a ocho años y tres meses de prisión, considerada la jefe de la organización y quien, además, deberá responder por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público y privado.
De acuerdo con la Fiscalía, la mujer vendría ingresando queso de Venezuela a Colombia desde agosto de 2013 a los municipios de Finlandia (Quindío), Barranquilla (Atlántico) y Chocó (Quibdó), entre otras ciudades y al parecer tendría relaciones con servidores públicos y grupos ilegales para que le permitieran el paso a sus vehículos, en zonas de riesgo.
Asimismo fue condenado, Denis Adrián Morales Tobón, esposo de Escobar, deberá pagar 48 meses de prisión por favorecimiento y facilitación de contrabando agravado, sumado a los delitos anteriormente mencionados.
Las otras personas sentenciadas son Carlos Alberto Contreras y Miguel Emilio Paz Pérez, quienes tendrán que pagar 36 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado.
Nilson José Jiménez Díaz fue sentenciado a 42 meses de prisión, por falsedad material ideológica agravada y falsedad en documento privado, y Duradier Quintana Díaz, quien tendrá que pagar una pena de 48 meses por los delitos adicionales de favorecimiento y uso de documento falso.
Cabe resaltar, que Jiménez fue beneficiado con la suspensión de la ejecución de la pena y fue dejado en libertad, mientras que a Pérez le fue revocada la medida de aseguramiento en su residencia y traslado a la cárcel. A los otros cuatro integrantes se les concedió prisión domiciliaria por ser madre y padres cabeza de hogar, respectivamente.
La investigación que duró aproximadamente un año y que fue liderada por un fiscal adscrito a la Dirección Nacional de Antinarcóticos y Lavado de Activos con sede en Bogotá, permitió la judicialización de estas personas que habían sido capturadas en mayo del año pasado en una operación simultánea que se desarrolló en diferentes partes del país por varios delitos, entre ellos, concierto para delinquir agravado y contrabando agravado.
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