A pesar de la lluvia de críticas y de que otros sectores del Gobierno, como la Unidad de Víctimas, ha alertado sobre lo que sería una "masacre" de líderes sociales, el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, insiste en que hasta el momento no hay evidencia de que se trate de una actuación sistemática en el país.
En entrevista con COLPRENSA, Villegas dice que no decretará la sistematicidad de estos crímenes “por darles gusto a sus críticos”. Además, revela que son aproximadamente 300 los integrantes de las disidencias de las FARC, que, aunque peligrosas, todavía no tienen un carácter masivo. Eso sí, dice que hay un plan de bandas del Brasil para sumar a sus filas a criminales de todo el mundo, incluido el 'Clan del Golfo' y los propios desertores de la guerrilla.
- Las FARC están terminando su proceso de desplazamiento a las zonas veredales y a puntos de normalización. Y ya hay alerta porque el ELN está copando territorios que deja esa guerrilla en Chocó, Arauca y Norte de Santander, lo que también hacen bandas criminales y disidencias. ¿Cuál es la información del Ministerio al respecto?
La Fuerza Pública tiene diseñado, hace más de un año, el ‘Plan Victoria’, que empezó a aplicarse el Día D, el 2 de diciembre. En este se enfatiza la presencia, con alistamiento de combate si es necesario, en las zonas donde las FARC tenían influencia y se han desplazado. Ese plan está en las veredas y sitios precisos donde estaba la influencia de las FARC, está georreferenciado, tiene una delimitación de las áreas de influencia para extorsión, para tráfico de hoja de coca, para contrabando, así como los corredores de protección con los mercados. Es un plan muy detallado, que compromete a 68.000 efectivos de la Fuerza Pública, entre Fuerzas Militares y de Policía. Se adicionan los 15.000 efectivos de la Fuerza Pública que están allá dedicados a la seguridad de las Zonas Veredales. Es una operación de más de 80.000 hombres entrenados, equipados y suficientes para hacer frente a esa tentación, que seguirá apareciendo, del crimen organizado para ocupar las áreas y del ELN para crecer su influencia. Pero la Fuerza Pública no lo va a permitir, tenemos pleno conocimiento del territorio, de las organizaciones que tienen esa tentación. Denuncias va a haber. Noticias puntuales va a haber. Pero estamos absolutamente tranquilos de que esa no es una transición masiva.
- ¿En cuántos municipios está desplegado ese operativo?
En alrededor de 150 municipios, con mapas de cuál es la situación exacta de criminalidad, de presencia del ELN y de influencia anterior de las FARC. Se han ido construyendo durante mucho tiempo, han sido fruto de planeación de este Ministerio. Conocemos sitio por sitio y ahí está la Fuerza Pública.
- Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación señala que la situación en Tumaco está “al borde de una guerra civil”, ¿eso es así?
Tengo la información contraria. Es bien distinta la situación de Tumaco que la que teníamos hace seis meses. Sigue siendo un sitio violento, con amenazas de narcotráfico y crimen organizado, con presencia del ELN, ruta de los disidentes de FARC a quienes ya les incautamos media tonelada de coca, pero es una situación muchísimo menos explosiva. Dicho esto, estamos haciendo refuerzos también en Nariño porque es un departamento donde quedan rezagos de violencia evidentes e importantes. Estamos haciendo traslado de tropas.
- ¿Qué peligro real cree que representan las disidencias? Si estamos hablando de una a cargo de alias ‘Don Y’; otra del Frente 14 de ‘Mojoso’ (Caquetá); otra del Frente Primero, de ‘Mordisco’ y ‘Gentil Duarte’ (Guaviare)…
Las disidencias son peligrosas. Están armadas. Tienen gente entrenada, tienen cabecillas que prefirieron el narcotráfico a la política. Pero son de un número limitado, que no es masivo. Recordemos que cuando empezamos las negociaciones se decía que la paz iba a cubrir a un 40 % de las FARC y hoy estamos hablando de que las FARC, en un 96 %, están en la paz. Entonces esas disidencias, que son crimen organizado en realidad, van a ser perseguidas con todas las fuerzas del Estado. Hemos tenido el cuidado de estar en coordinación con nuestros vecinos del sur, Ecuador, Perú y Brasil, precisamente para evitar que pasen a esos territorios o hagan alianzas con el crimen organizado de esos países.
- ¿Hay otras disidencias identificadas?
Más que por frentes o cuadrillas, por números. Creo que estamos alrededor de unos 300 disidentes. Tenemos que esperar al final de los movimientos y el agrupamiento de las FARC, pues eso nos confirmará estas cifras y tendremos claro dónde se traza la línea entre las FARC en el proceso de paz y lo que es crimen organizado y el ELN, en otro lado.
- ¿Qué economías ilegales mueven más a las disidencias, la de la minería o la del narcotráfico?
Ambas, y también un poco la explotación ilegal de madera, que es una fuente creciente de ingresos ilegales en Brasil y en nuestro país. Esas son las tres fuentes principales.
- Precisamente, usted llegó un acuerdo con Brasil. ¿Hay evidencia de nexos criminales de bandas de allá con el Clan del Golfo o Los Pelusos y los Puntilleros?
No, pero las organizaciones brasileñas sí han tenido todo el deseo de vincular gente de disidencias de las FARC. El ‘PCC’ (Primer Comando de la Capital), ‘La Fuerza Roja’ y ‘la Familia del Amazonas’ funcionan en las cárceles y ponen ofertas de trabajo para distintos delincuentes en el mundo, dentro de ellos, para quienes de las disidencias quisieran vincularse. Están en competencia en esa tentación de reclutar, todavía sin éxito, con el ‘Clan de Golfo’.
- ¿Qué riesgos trae todo este panorama para la tarea que ya se puso su Ministerio de erradicar hoja de coca y sustituir cultivos no legales?
Espero que ninguna. Entre otras cosas, porque las zonas donde están esas disidencias no son de alto cultivo de coca. La decisión de erradicar es en serio, con una meta ambiciosa de 50 mil hectáreas. A 31 de enero teníamos 2100 hectáreas ya erradicadas y eso empezando. Eso demuestra que somos capaces de hacerlo. Y, en sustitución, la colaboración de las FARC, hará que sea más realista. Creo que el Gobierno terminara en 2018 con una buena perspectiva en materia de lucha de cultivos de hoja de coca.
"CUANDO VEA SISTEMACIDAD, SERÉ EL PRIMERO EN DECIRLO"
- Ministro, van nueve líderes sociales asesinados este año, fueron 93 en 2016. Dijo el propio Alan Jara, director de la Unidad de Víctimas, que van 17 desde que el Congreso refrendó el nuevo acuerdo de paz. De hecho, señaló que “no se puede permitir la masacre de líderes sociales”. ¿Qué está pasando?
Este es un tema muy difícil de narrar para el Gobierno, porque todo homicidio debe causar preocupación. Incluso, hemos podido ver del mapa de esas víctimas, que las cifras no coinciden entre lo que ven el Ministerio del Interior, las Naciones Unidas o la Defensoría. Y la gradación de las personas que han sido asesinadas no es uniforme. Entones, a una persona se la califica por alguien como miembro de una institución o una institución no lo reconoce como su miembro. En fin, ahí hay problemas de caracterización. Pero, como todo homicidio es grave, lo que uno ve es un mapa muy localizado de homicidios con causas muy locales: robo de la moto, una de linderos, en un momento dado una pelea familiar, por el fruto de una venta de tierra para una zona veredal, un señor que tiene antecedentes de hurto y abuso y es asesinado en una fiesta. Ese es un gravísimo homicidio que hay que investigar, pero la pregunta es, ¿ese señor era líder social o no?
- ¿Se mantiene el Ministerio de la Defensa en qué no hay sistematicidad en esos casos?
Lo que hemos visto es que no. No hay detrás de los homicidios una sistematicidad. No hemos podido establecer que haya un grupo, una cabeza que diga, ‘vamos a cometer estos asesinatos’. Pero estamos muy alerta, para evitar que eso nos tome por sorpresa.
- Por este tema hay muchas críticas al Ministerio, al Gobierno…
Claro, pero lo sigo sosteniendo. Cuando vea que hay sistematicidad, es decir, que hay un grupo que ha tomado como su bandera asesinar a líderes sociales, seré el primero en decirlo. Por el momento no lo hemos podido establecer y no voy a decretar sistematicidad, simplemente para darles gusto a mis críticos. Eso tiene que ser una relación objetiva de unos hechos sumamente graves.
- Paz y Reconciliación también dijo que al menos en los casos de Caquetá, Cauca y Meta sí hay sistematicidad, porque se trata de personas que habían aspirado a elecciones en 2014 y 2015. ¿Tiene información sobre que en algunas regiones sí se trata de personas específicas?
No, no hemos podido documentar que sea por una causa específica. Por ejemplo, me pregunto: ¿Cuántas Juntas de Acción Comunal puede haber en el país? ¿200.000? ¿Cuántos miembros de JAC puede haber? ¿Un millón? ¿Cada vez que haya un asesinato de una persona que es miembro de una Junta de Acción Comunal será considerado un asesinato de personas que defienden los Derechos Humanos? Considero ese asesinato tan grave, como el de un defensor de derechos humanos, pero la clasificación se hará cuando haya evidencias de sistematicidad.
- Dicho informe también dice que el Clan del Golfo está siendo contratado por agentes legales para cometer estos crímenes…
No tenemos alguna evidencia sobre eso. Al contrario, lo que hemos visto es que el Clan del Golfo subcontrata bandas más pequeñas para sicariato. Entre otras cosas, el Clan del Golfo tiene hoy la mitad de los miembros que tenía hace seis años. Ahí también hay una disminución de peligrosidad, aunque sigue siendo una organización de primer orden.
“SOY OPTIMISTA SOBRE LA COOPERACIÓN CON EE. UU.”
- Ministro, otro tema que, al menos, genera temores es la presidencia de Donald Trump. ¿Cómo mantener la cooperación que tenemos con Estados Unidos?
Colombia tiene unos intereses relacionados con el narcotráfico que consisten, en primer lugar, en minimizar los efectos financieros de la venta de clorhidrato de cocaína en mercados externos sobre la violencia interna. Segundo, disminuir de manera masiva los cultivos de coca, para evitar la criminalidad en zonas rurales de posconflicto. Y, en tercer lugar, tener una cooperación internacional que permita luchar contra el lavado de activos y el tráfico de armas. Esos intereses, creo que son coincidentes con los de Estados Unidos y los de cualquier administración. Nuestra historia en Washington es bipartidista, de respeto tanto por quienes están en las mayorías del Congreso como por quien esté en la Presidencia. La cooperación en los últimos 20 años ha sido muy exitosa, de manera que soy optimista en el sentido que la cooperación bilateral se va a mantener en muy buenos niveles, tenemos buenos amigos en esa administración como el general (John) Kelly, que es el Secretario del Interior y conoce bien a Colombia.
- ¿Específicamente en qué consiste la cooperación actual?
Entrenamiento de las diversas disciplinas militares y policiales, inteligencia, movilidad, ciberseguridad, entrenamiento de Fuerzas Especiales, acompañamiento en entrenamientos internacionales, cooperación en Centro América, que es muy importante para nosotros y los Estados Unidos.
- ¿Qué implicaciones podría traer para el proceso de paz no contar con la prometida ayuda en la era Obama?
He dicho que le temo más a la reducción general de cooperación de los Estados Unidos con el mundo que a medidas específicas contra nosotros. La relación con México va a influir sobre la relación con el resto de América Latina. De manera que confiemos en que esa relación tome rumbos más sensatos. En lo que toca a nuestra cooperación, si Estados Unidos dice ‘coopero menos con el mundo’ eso nos podría afectar proporcionalmente. Pero una medida contra Colombia, no la creo.
- ¿Cree que podríamos saber pronto qué determinación tomará EE. UU.?
No. Creo que estamos todavía lejos en la lista de prioridades. Falta que le den la confirmación al Secretario de Estado (Rex) Tillerson, que tiene en su agenda los temas de Medio Oriente para empezar. Creo que Colombia es uno de los países que más conoce cómo funciona Washington y eso nos da una ventaja para entender, analizar y poder preparar propuestas de trabajo conjunto con la nueva administración.
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